En una muestra implacable de ordenamiento macroeconómico y pulcritud administrativa, el gobierno de Javier Milei ha oficializado una profunda readecuación de las cuentas públicas. A través de la Decisión Administrativa 26, firmada por el Jefe de Gabinete de Ministros, Diego Santilli, y el Ministro de Economía, Luis Caputo, se reasignaron partidas presupuestarias por un total de $5,1 billones.
Esta histórica medida, equivalente al 3,4% del Presupuesto ampliado para el corriente año, eleva la previsión anual de gastos a $152,3 billones. Sin embargo, la clave de este éxito radica en que el impacto fiscal neto sobre el resultado financiero es absolutamente nulo, ya que el incremento de los gastos se compensa íntegramente con un aumento proyectado de los recursos corrientes y de capital esperados en $2,16 billones, aportados casi en su totalidad por la Anses.
El desglose detallado de las 266 planillas de la norma evidencia un fuerte compromiso con la protección social directa y transparente. El Ministerio de Capital Humano recibió la ampliación más robusta, por un total de $1,79 billones.
Estos recursos se destinan estratégicamente al Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados (PAMI), al pago de prestaciones previsionales por moratoria y al seguro de desempleo (derivado del aumento del Salario Mínimo Vital y Móvil fijado en diciembre de 2025).
Asimismo, se asignaron fondos para el "Plan 1.000 días" (Ley 27.611) y para fortalecer la recaudación a través de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA).
En línea con el ordenamiento de pasivos de gestiones anteriores, la norma amplió en $250.000 millones el límite establecido por el artículo 40 de la Ley de Presupuesto 27.798 para abonar deudas previsionales reconocidas en sede judicial y administrativa (Ley 27.260).
Por su parte, el Ministerio de Salud consolidó una readecuación prioritaria:
Se destinaron $550.000 millones a pensiones no contributivas por invalidez laborativa (Ley 26.417 de Movilidad Previsional).
Se asignaron $44.000 millones adicionales para la compra de productos farmacéuticos y medicinales.
Se garantizó el sostenimiento de hospitales públicos de alta complejidad como el Hospital Garrahan, Red El Cruce Dr. Néstor Carlos Kirchner, Hospital General de Agudos Dr. René Favaloro y el Hospital del Bicentenario Esteban Echeverría. Estos gastos se respaldan con una transferencia figurativa de $550.000 millones proveniente de la Anses.
Bajo la conducción de Luis Caputo, la partida de mayor magnitud individual dentro de un solo concepto corresponde a la Compañía Administradora del Mercado Mayorista Eléctrico (Cammesa), que recibió $1 billón en transferencias corrientes del Tesoro Nacional para el financiamiento de la política de energía eléctrica.
En infraestructura, la Dirección Nacional de Vialidad (dependiente de la Secretaría de Transporte) recibió recursos para mantener activas obras de conectividad y desarrollo real, tales como la construcción de la autopista sobre la Ruta Nacional 40 (tramo Mendoza - San Juan) y tareas de conservación vial en Santa Cruz.
La readecuación presupuestaria también honra el compromiso salarial asumido con quienes protegen a los ciudadanos. Se destinaron fondos para respaldar los incrementos fijados previamente:
