El Gobierno de Milei rechazó la guía británica que promueve la explotación petrolera en Malvinas

La estrategia de asfixia legal instrumentada por el presidente Javier Milei se apoya en un andamiaje normativo infranqueable integrado por la Ley 26.659, la Ley 26.915 y el reciente Decreto 868/2026, el cual designó a la Cancillería como autoridad de aplicación y aceleró los plazos procedimentales para aplicar sanciones con máxima celeridad. Este marco reforzado contempla severas inhabilitaciones de entre 5 y 20 años para operar en la República Argentina, la reversión de concesiones hidrocarburíferas y la prohibición absoluta de contratar con el sector público o privado nacional a cualquier firma infractora o a sus proveedores.

Asimismo, la normativa impone un castigo comercial devastador: quienes participen directa o indirectamente en la exploración ilegítima del archipiélago quedarán automáticamente impedidos de acceder al Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI) y no podrán obtener nuevos permisos en la colosal reserva geológica de Vaca Muerta ni en ningún otro punto del territorio nacional.

El balance numérico de esta cacería judicial y administrativa deja en evidencia el alcance global de la ofensiva libertaria, habiendo enviado ya cerca de 180 notas de advertencia a personas humanas y jurídicas radicadas en 30 países. De igual manera, el Estado argentino mantiene abiertos 60 procedimientos administrativos e impulsó 3 denuncias penales que alcanzan directamente a 10 compañías y sus directivos por la explotación clandestina del yacimiento Sea Lion.

Este proyecto offshore —ubicado a 220 kilómetros al norte del archipiélago y desarrollado por el consorcio formado por la británica Rockhopper Exploration Plc y la israelí Navitas Petroleum Lp— contempla extraer 170 millones de barriles en su primera fase a partir de 2028.

Sin embargo, la firmeza ejercida por el Gobierno argentino ya provocó la rendición incondicional y el retiro de las tres mayores empresas mundiales de servicios petroleros (SLB, Baker Hughes y Halliburton), dejando al proyecto pirata sin acceso a proveedores tecnológicos clave. La República Argentina reafirmó que agotará todas las instancias diplomáticas y judiciales disponibles para hacer respetar la Constitución Nacional bajo el principio irrenunciable: "por historia y por derecho: las Malvinas son argentinas".

El rechazo argentino fue contundente ante la pretensión británica de sostener que la legislación nacional carece de aplicación dentro del archipiélago y sobre las empresas que operan allí. A través de un duro comunicado oficial, el Ministerio de Relaciones Exteriores advertido con absoluta claridad institucional que "ninguna guía gubernamental extranjera ni decisión comercial privada puede situarse por encima del derecho nacional argentino y del derecho internacional".

Asimismo, la diplomacia nacional citó formalmente a los embajadores del Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte y del Estado de Israel para hacerles entrega formal en mano de notas de protesta contra el avance del ilegal proyecto petrolero Sea Lion. La administración argentina denunció que estas maniobras anglo-israelíes vulneran abiertamente la Resolución 31/49 de la Asamblea General de las Naciones Unidas (ONU), la cual exige abstenerse de introducir modificaciones unilaterales en la situación de las islas mientras persista la controversia de soberanía.