El fiscal Carlos Stornelli acusó a ejecutivos de Navitas Petroleum y Rockhopper Exploration por operar sin autorización argentina y violar la Ley 26.659.
En el marco del nuevo paradigma de soberanía nacional impuesto por el presidente Javier Milei, la República Argentina ha desplegado una estrategia integral para frenar el saqueo unilateral de recursos no renovables en la Plataforma Continental Argentina. En un avance judicial de magnitud histórica originado por la denuncia penal presentada por el ministro de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto, Lic. Pablo Quirno Magrane, junto al procurador general del Tesoro, Sebastián Amerio, el fiscal federal Carlos Stornelli imputó formalmente a directivos y accionistas de las empresas Navitas Petroleum (de Israel) y Rockhopper Exploration (de Gran Bretaña). La causa penal tramita ante los tribunales federales de Comodoro Py bajo la conducción del juez federal Julián Ercolini.
El requerimiento de instrucción presentado por Carlos Stornelli coloca el foco procesal en la realización de actividades clandestinas de exploración y explotación de hidrocarburos en aguas adyacentes a las Islas Malvinas. El fiscal determinó que las conductas denunciadas encuadran prima facie en los delitos reprimidos por el artículo 7, incisos 1 y 2, y bajo las circunstancias previstas en los artículos 8 y 9 de la Ley 26.659.
Navitas Petroleum
Asimismo, la investigación judicial se extenderá a la posible comisión de delitos ambientales, infracciones aduaneras y lavado de activos provenientes del ilícito petrolero. Fuentes tribunalicias confirmaron que la suma de estas figuras penales contempla penas que podrían alcanzar hasta 20 años de prisión, además de la correspondiente inhabilitación comercial y sanciones económicas.
Dentro del dictamen, Carlos Stornelli fundamentó la imputación repasando el prontuario de infracciones de las firmas involucradas y citó expresamente los antecedentes de Desire Petroleum Limited (anteriormente denominada Desire Petroleum Public Limited Company). En dicho análisis, remarcó la vigencia de la Resolución 130/2012 de la Secretaría de Energía, fechada el 23 de mayo de 2012, mediante la cual se declararon ilegales y clandestinas sus operaciones en el mar argentino, así como la Resolución 457/2013 del 13 de agosto de 2013, que le aplicó una inhabilitación absoluta por el término de 20 años por usufructuar licencias ilegítimas otorgadas por las autoridades coloniales británicas instaladas en el archipiélago.
El fiscal imputó a directivos y accionistas de Navitas Petroleum y Rockhopper Exploration
Para desarticular en forma definitiva el entramado corporativo que sustenta el controvertido proyecto Sea Lion, el fiscal requirió al Ministerio de Relaciones Exteriores la remisión de la totalidad de la documentación respaldatoria enviada en la presentación del 14 de septiembre. En paralelo, solicitó avanzar en la identificación de la totalidad de las personas físicas y jurídicas que actúen como accionistas, contratistas o prestadores de apoyo logístico y asistencia técnica al consorcio pirata.
Por último, Carlos Stornelli solicitó la emisión de un exhorto internacional dirigido al Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte para activar los mecanismos de cooperación penal internacional. A través de este requerimiento, la Justicia argentina exige obtener la información societaria completa, la integración de directorios y órganos de representación legal desde 2012 a la fecha, los registros de licencias otorgadas y el levantamiento del secreto sobre las bancarias vinculadas a Desire Petroleum Limited, Desire Petroleum Public Limited Company y al denominado grupo Rockhopper. De este modo, la firmeza de la gestión libertaria demuestra que los recursos de los argentinos se respetan y que el saqueo colonial en el Atlántico Sur no quedará impune.
