El Gobierno de Javier Milei dio un nuevo paso en el proceso de privatización de AySA con la apertura de las ofertas técnicas para incorporar un operador estratégico que quedará a cargo de la empresa y deberá cumplir con un ambicioso programa obligatorio de inversiones, expansión y mejora del servicio.
El ministro de Economía, Luis Caputo, destacó el avance a través de sus redes sociales y remarcó que el futuro operador tendrá obligaciones de inversión por más de US$2.000 millones durante los primeros cinco años.
“Avanza la privatización de AySA”, señaló Caputo, quien destacó que el proceso contempla la venta de la totalidad de las acciones estatales correspondientes al 90% de la compañía.
Dos oferentes compiten por operar AySA
El Ministerio de Economía realizó el acto de apertura de las ofertas técnicas, instancia en la que se presentaron dos oferentes que ahora serán evaluados por la Comisión de Evaluación de acuerdo con las condiciones establecidas en el pliego.
Las empresas y consorcios que presentaron propuestas son:
ROWING S.A., junto al Consorcio Rowing, Arcos, Transclor y PHX.
ROGGIO ROAS S.A., junto al Consorcio Roggio Roas S.A.U. y otros.
El proceso contempla la transferencia al sector privado del 90% de las acciones que actualmente pertenecen al Estado Nacional.
El 10% restante continúa en manos de los trabajadores de la compañía mediante el Programa de Propiedad Participada.
A partir de ahora, las propuestas técnicas serán analizadas antes de avanzar hacia las siguientes etapas del proceso de privatización.
Uno de los puntos centrales del nuevo esquema será el Plan de Acción 2027-2031, que establece obligaciones de inversión y expansión que el futuro operador deberá cumplir.
El programa contempla inversiones por $2,89 billones a valores de diciembre de 2025 y sin IVA, equivalentes a más de US$2.000 millones según el esquema comunicado por el Gobierno.
La inversión estará destinada al desarrollo y expansión de los servicios de agua potable y cloacas.
El objetivo es ampliar la cobertura y mejorar la calidad de las prestaciones, especialmente en zonas que actualmente permanecen sin acceso a estos servicios.
El contrato fija para 2031 metas mínimas de cobertura del 75,3% para agua potable y 63,9% para cloacas. A lo largo del plazo inicial de 30 años, esas cifras deberán alcanzar como mínimo el 90% y el 75%, respectivamente.
AySA recibió más de US$13.400 millones del Tesoro
El Gobierno utilizó como uno de los principales argumentos para avanzar con la privatización el desempeño histórico de AySA bajo administración estatal.
Según los datos difundidos por el Ministerio de Economía, entre 2006 y 2023 la empresa recibió transferencias del Tesoro Nacional por más de US$13.400 millones.
A pesar de esos recursos, el Ejecutivo señaló que un tercio del área concesionada todavía no cuenta con acceso a agua potable y cloacas.
Además, las pérdidas de agua no contabilizada se mantienen en torno al 42%, mientras que la morosidad pasó del 4% al 16%.
El Gobierno también señaló que los costos operativos aumentaron un 80%.
La administración de Milei busca ahora cambiar ese esquema mediante una estructura en la que el sector privado asuma la operación, las inversiones y la expansión, mientras el Estado conserve las funciones de regulación y control.
Las tarifas deberán mantenerse constantes en términos reales
Otro de los puntos destacados por Caputo es que durante el primer ciclo tarifario de cinco años no se proyectan nuevos aumentos reales.
El esquema establece que el nivel tarifario vigente al momento de la presentación del plan se mantenga constante en términos reales, más allá de las excepciones previstas expresamente en el contrato.
De esta manera, el Gobierno sostiene que la privatización no se limitará a transferir la operación de la compañía, sino que estará acompañada por obligaciones concretas de inversión y metas de cobertura.
El Estado controlará las inversiones y podrá sancionar incumplimientos
La privatización no implica que el Estado abandone la supervisión de AySA.
El cumplimiento de las obligaciones será controlado anualmente por el ERAS, mientras que las inversiones financiadas por la concesionaria deberán contar con la certificación de un auditor técnico independiente.
Caputo destacó el cambio de modelo impulsado por Milei
Además, el contrato establece garantías y sanciones frente a incumplimientos graves y reiterados, que pueden incluir multas e incluso la pérdida de la concesión.
Durante el primer ciclo tarifario, además, el nuevo esquema contempla el pago de aproximadamente US$400 millones en IVA y US$350 millones en Ingresos Brutos, recursos que volverán a las arcas estatales.
Caputo destacó el cambio de modelo impulsado por Milei
Para el Gobierno, la privatización de AySA forma parte de una transformación más amplia en la relación entre el Estado y las empresas públicas.
La administración de Milei busca reemplazar un modelo basado en transferencias permanentes de recursos públicos y baja eficiencia por otro en el que la inversión privada tenga obligaciones concretas y sea fiscalizada por el Estado.
“Esto significa más obras, más inversiones, más seguridad y menos costos para todos los argentinos”, sostuvo Caputo.
Con la apertura de las ofertas técnicas, la privatización de AySA entra en una nueva etapa. El proceso continuará con la evaluación de los oferentes y, de concretarse la adjudicación, el nuevo operador deberá afrontar un programa de inversiones superior a US$2.000 millones durante sus primeros cinco años.
Para el Gobierno nacional, se trata de otro paso en la agenda de privatizaciones impulsada por el presidente Javier Milei, con el objetivo de reducir el peso del Estado empresario y trasladar al sector privado la responsabilidad de invertir, operar y expandir los servicios.
