Estados Unidos decidió retirar a la Argentina de la “Priority Watch List (Lista de Vigilancia Prioritaria)”, el escalón más crítico de su informe anual sobre propiedad intelectual, para ubicarla en la “Watch List (Lista de Vigilancia)”, en lo que constituye el primer reconocimiento concreto tras más de una década de permanencia en la categoría más cuestionada. El país acumulaba además observaciones durante tres décadas por distorsiones comerciales vinculadas a la falta de respeto a derechos de autor y patentes.
La medida se conoció luego de la firma del “Acuerdo sobre Comercio e Inversión Recíproca (ARTI)” entre Argentina y Estados Unidos en febrero de 2026, un entendimiento que consolida el alineamiento estratégico del gobierno de Milei con los estándares internacionales promovidos por Washington. Según el documento de la Oficina del Representante de Comercio de EE.UU., el ARTI “beneficiará a los innovadores y creadores estadounidenses al mejorar la protección de la propiedad intelectual (PI) y priorizar la aplicación contra el robo de PI”. En ese marco, Argentina asumió compromisos para avanzar en tratados internacionales clave y elevar los estándares regulatorios.
Uno de los cambios estructurales más relevantes señalados por el informe fue la decisión de Argentina de derogar “limitaciones excesivamente amplias” en materia patentable, particularmente en el sector farmacéutico. Estas restricciones incluían directrices que “rechazaban automáticamente solicitudes para categorías de invenciones farmacéuticas que son elegibles para patente en otras jurisdicciones y exigían que los procesos para la fabricación de compuestos activos divulgados en una especificación fueran reproducibles y aplicables a escala industrial”. Este giro normativo —formalizado en marzo de 2026— elimina trabas que durante años desincentivaron la innovación y la inversión.
El reporte detalla además una batería de medidas adoptadas para salir de la lista prioritaria. Entre ellas, la elaboración de “informes sobre la viabilidad de un régimen de protección de datos y sobre las causas de retrasos en el proceso de concesión de patentes”, así como el fortalecimiento de la persecución penal mediante “sanciones disuasorias, incluyendo multas mayores y penas de prisión para la falsificación cometida por redes criminales organizadas”.
En el plano institucional, el acuerdo prevé dotar de autoridad de oficio a las agencias fronterizas, crear un organismo de coordinación en materia de propiedad intelectual y modificar la legislación local para garantizar acciones civiles efectivas, incluyendo la posibilidad de aplicar medidas cautelares contra la piratería. A nivel operativo, el compromiso incluye “aumentar los operativos e incautaciones en mercados y centros de distribución notorios”, junto con el desarrollo de una estrategia nacional para combatir la falsificación.
Asimismo, el país se comprometió a “recopilar y publicar estadísticas trimestrales sobre la aplicación de PI”, establecer la responsabilidad de los propietarios de inmuebles donde se comercialicen productos ilegales y fomentar la cooperación entre proveedores de servicios de Internet (ISP), titulares de derechos y otras partes interesadas. El objetivo es claro: avanzar en la “investigación y persecución penal de operadores de sitios web radicados en Argentina dedicados a la piratería comercial”.
