La reciente reglamentación del derecho de huelga dispuesta por el Gobierno nacional despertó un nuevo foco de tensión con los sindicatos, pero en el ámbito empresarial y jurídico recolectó apoyos significativos. Se trata del decreto 340, publicado en el Boletín Oficial, que impone a los gremios garantizar la prestación de un mínimo del 50% al 75% del servicio durante una protesta, dependiendo de la actividad.
La medida, firmada por el presidente Javier Milei y sus nueve ministros, retoma aspectos del DNU 70, suspendido por la Cámara del Trabajo a raíz de una presentación de la CGT. Sin embargo, en este caso, el decreto se enmarca en la reglamentación específica de servicios esenciales y de importancia trascendental.
Una medida que respeta el derecho, según los expertos
El abogado laboralista y ex presidente de la UIA, Daniel Funes de Rioja, respaldó la decisión del Ejecutivo: “No se trata de prohibir el derecho de huelga, sino de establecer límites razonables para no afectar el interés general”, expresó en diálogo con Infobae. En su rol de representante del sector empleador ante la OIT, Funes de Rioja subrayó que el decreto está alineado con los convenios internacionales y responde a una necesidad de ampliar la definición de servicios esenciales.
Expertos judiciales apoyan el nuevo decreto que regula las huelgas del Gobierno
En esa misma línea se pronunció Pablo Torres Barthe, abogado del Movimiento Empresarial Anti Bloqueos (MEAB), quien sostuvo que “el derecho de huelga no es absoluto y necesita regulación”. Además, recordó un fallo de la Cámara de Entre Ríos que cuestionó una huelga de duración indefinida por afectar la fuente de trabajo de quienes no estaban involucrados.
Servicios esenciales y actividades de importancia trascendental
El decreto define como servicios esenciales a los vinculados con la salud, energía, transporte, telecomunicaciones, educación inicial y aduanas, entre otros. Establece que estos sectores deben asegurar una cobertura mínima del 75%. Por su parte, las actividades de importancia trascendental, como la producción alimenticia, la minería o los servicios financieros, deberán garantizar al menos un 50% de funcionamiento.
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Asimismo, se crea la Comisión de Garantías, un ente autónomo que podrá incorporar nuevas actividades a estas categorías según criterios como el riesgo para la salud pública, la utilidad del servicio o el impacto fiscal.
Torres Barthe concluyó que la medida busca “frenar huelgas políticas o generales que escapan al marco legal”, y expresó su esperanza de que los gremios acaten la reglamentación y prioricen el diálogo.
