La reciente reglamentación del derecho de huelga dispuesta por el Gobierno nacional despertó un nuevo foco de tensión con los sindicatos, pero en el ámbito empresarial y jurídico recolectó apoyos significativos. Se trata del decreto 340, publicado en el Boletín Oficial, que impone a los gremios garantizar la prestación de un mínimo del 50% al 75% del servicio durante una protesta, dependiendo de la actividad.
La medida, firmada por el presidente Javier Milei y sus nueve ministros, retoma aspectos del DNU 70, suspendido por la Cámara del Trabajo a raíz de una presentación de la CGT. Sin embargo, en este caso, el decreto se enmarca en la reglamentación específica de servicios esenciales y de importancia trascendental.
