El intendente de Cosquín, Raúl Cardinali, calificó como “una bomba atómica para la Municipalidad” la resolución judicial que habilita descuentos del 33% de la coparticipación. La medida busca garantizar el pago de honorarios de un abogado en el marco de una antigua causa financiera del municipio. Sumados los intereses, los juicios en curso superan los seis millones de dólares.
El conflicto se remonta a 2001, durante la gestión del ex intendente Andrés Bustos, cuando el municipio fue garante de créditos otorgados a empleados municipales. Aquellos préstamos eran descontados por planilla, pero el dinero retenido nunca fue transferido a la financiera. “El dinero que se les sacaba a los empleados finalmente no fue depositado por la Municipalidad a la financiera”, explicó Cardinali.
Aunque la entidad original se disolvió, el reclamo fue adquirido por un grupo fiduciario que en 2022 obtuvo un fallo favorable. Sin embargo, la ejecución quedó suspendida por la emergencia económica aprobada por el Concejo Deliberante. Pese a ello, avanza con el embargo de un tercio de los fondos coparticipables para cubrir los honorarios del representante legal del grupo.
