Fátima Silva, abogada de familia: “La ideología de género llegó para destruir a la familia”

En medio de la conmoción por la muerte de Ángel López, el nene de 4 años fallecido en Comodoro Rivadavia, crecen las críticas al accionar de la Justicia de familia. En ese marco, la reconocida abogada Fátima Silva lanzó una dura advertencia: “La ideología de género llegó para destruir a la familia”. Con más de 36 años de trayectoria, la especialista apuntó contra lo que considera un patrón repetido en casos como el de Ángel y el de Lucio Dupuy, y aseguró que las decisiones judiciales no responden a criterios jurídicos sino a una mirada ideológica.

Para Silva, el punto de partida es claro: “No hay mucho para entender jurídicamente en este caso, porque la resolución no fue jurídica, sino ideológica”. En ese sentido, sostuvo que la Justicia priorizó que el niño viviera con su madre, Mariela Altamirano, sin evaluar en profundidad las condiciones de cada entorno familiar. “Claramente primó lo ideológico”, remarcó, al tiempo que cuestionó el proceso de revinculación: “Al chiquito lo mudaron de prepo, como si fuera una cosa”, describió.

Uno de los cuestionamientos más duros fue dirigido al juez Pablo José Pérez, quien intervino en la causa y resolvió la restitución del menor a su madre. “El juez no lo escuchó ni lo vio”, afirmó Silva, y agregó: “Trató a este niño de cuatro años como un paquete y lo dejó a su suerte”. Según la abogada, existe un problema estructural: “Pueden actuar como se les ocurra... que no van a ser sancionados”, denunció.

Silva fue más allá y cuestionó la aplicación de la llamada perspectiva de género en estos casos:
“No es perspectiva, es ideología de género”, sostuvo. Y lanzó una definición contundente: “En la ideología de género, la mujer siempre tiene razón y todo lo que dice hay que creerlo”. Para la especialista, esto termina afectando directamente a los menores: “Estamos peligrosamente atrapados por una Justicia ideologizada, los chicos están peligrosamente atrapados”.

Otro de los puntos críticos señalados fue la ausencia de seguimiento por parte de las instituciones. “A Ángel nadie lo monitoreó”, afirmó, y detalló situaciones preocupantes: “Iba sucio, sin bañarse y hasta con hambre” Incluso, relató que una madre del entorno escolar tuvo que asistirlo: “Le tuvo que comprar un sándwich porque miraba con desesperación la comida”. Para Silva, esto expone una falla estructural en los sistemas de protección de la infancia.

La abogada también cuestionó el peso que tienen los informes técnicos en este tipo de decisiones: “El juez metió el gancho confiando en el descargo de la psicóloga”, señaló. Y advirtió: “En la práctica los hacen vinculantes de hecho porque el juez no conoce a las partes”. Esto, según explicó, deriva en una delegación de funciones: “Es delegar la jurisdicción y privatizar la Justicia”.

El caso Ángel se da en un contexto de denuncias cruzadas por violencia entre los padres, lo que complejiza aún más el análisis judicial. Sin embargo, Silva relativizó el impacto de esas acusaciones: “Una denuncia entre adultos no implica que el padre no pudiera cuidar a su hijo”. Además, alertó sobre el uso indebido del sistema: “Cada vez son más las denuncias falsas”, sostuvo, y vinculó el fenómeno con incentivos económicos y políticos.

Para la especialista, el problema es más profundo y responde a un cambio estructural en la Justicia de familia: “Los jueces han perdido la mirada del derecho y se han olvidado lo que les enseñaron en la facultad”. Y concluyó con una advertencia que conecta directamente con el caso Ángel: “Si logramos desterrar la ideología y volver a la objetividad, muchas de estas muertes no habrían ocurrido”.