El próximo 31 de diciembre vencerán aproximadamente 50.000 contratos en la administración pública nacional.
El Estado, en su rol de empleador, aún no ha decidido si renovará o dará de baja a los empleados públicos, aunque se anticipa una reducción significativa, similar a lo ocurrido la semana pasada en el Ministerio de Justicia, donde fueron despedidos 2.400 estatales.
Además de la incertidumbre sobre los contratados, se suman las 10.000 intimaciones a jubilación ordenadas por Federico Sturzenegger, ministro de Desregulación, hace algunos meses.
El 70% de los intimados corresponde a personal de planta permanente, según informaron fuentes oficiales al medio La Nación.











