El fiscal pidió que Alberto Fernández enfrente juicio oral por violencia de género

El fiscal federal Ramiro González solicitó que el expresidente Alberto Fernández sea sometido a juicio oral en la causa por violencia de género iniciada por su expareja, la ex primera dama Fabiola Yáñez.

La presentación fue elevada al juez federal Julián Ercolini y sostiene que la investigación se encuentra cerrada, quedando pendiente la fijación de fecha para el debate oral. De prosperar, Fernández se convertirá en el primer exjefe de Estado argentino en enfrentar un proceso de este tipo.

El requerimiento fiscal, de 180 páginas, acusa a Fernández de dos hechos de lesiones leves y uno de lesiones graves, todos agravados por el vínculo y el contexto de violencia de género, abuso de poder y amenazas coactivas.

También se le imputa el delito de coacciones para impedir que Yáñez denunciara. Las penas por estos cargos, en concurso, podrían oscilar entre 3 y 18 años de prisión. Según la fiscalía, los hechos habrían ocurrido de manera sostenida desde al menos 2016 y se prolongaron más allá de su salida de la Casa Rosada.

La acusación, confirmada en abril por la Cámara Federal porteña, sostiene que el expresidente ejerció “de manera sistemática” violencia psicológica contra Yáñez, con “acosos, hostigamientos, controles, insultos, ninguneos y hostilidad”. El fiscal subrayó que Fernández “se habría aprovechado de una situación de vulnerabilidad preexistente” y que las agresiones tuvieron lugar tanto en el ámbito privado como en la residencia presidencial de Olivos.

El expediente incluye imágenes difundidas públicamente en 2023 que muestran lesiones en el brazo y el ojo derecho de Yáñez, enviadas por la propia ex primera dama a la secretaria presidencial María Cantero vía WhatsApp. Estas pruebas dieron origen a la investigación. González afirmó: “No existen dudas acerca de los golpes recibidos”.

Entre las pruebas incorporadas hay mensajes extraídos de manera forense del teléfono de Yáñez y de dispositivos vinculados a Fernández. Las conversaciones fueron clasificadas como “terrorismo psicológico” o “reconoce violencia”, evidenciando para la fiscalía un patrón de maltrato. Los chats más relevantes incluyen:

• 10/10/2017 – “Terrorismo psicológico”: “No me provoques más. Ya sabés cómo termina”, escribió Fernández, según la transcripción incorporada al expediente.

12/06/2018 – “Reconoce violencia”: “Sí, te traté mal, pero vos me llevaste a eso”, le dijo el exmandatario durante una discusión.

21/01/2018 – “Terrorismo psicológico”: “Sin mí no sos nada. Acordate de eso”, mensaje que la fiscalía consideró intimidatorio y parte de un patrón de control.

25/04/2018 – “Terrorismo psicológico”: “Hacés todo para que me enoje y después te victimizás”, escribió Fernández.

26/06/2018 – “Infidelidad”: “Me engañaste y todavía tenés cara para pedirme cosas”, le recriminó.

09/07/2018 – “Discusión”: “No tengo más nada que decirte”, cerró abruptamente un intercambio, que según la fiscalía ejemplifica el “retiro de la palabra” como forma de violencia psicológica.

02/02/2019 – “Terrorismo psicológico”: “Si hablás, olvidate de que te siga ayudando”, mensaje que la investigación enmarca como amenaza vinculada a la manutención.

La querella que representa a Yáñez adelantó que no aceptará una suspensión de juicio a prueba ni un acuerdo económico, reclamando un debate oral y público. La ex primera dama solicitó una condena de 12 años de prisión.

El fiscal González recordó que las coacciones incluyeron amenazas sobre la manutención y la tenencia del hijo en común, lo que habría demorado la denuncia. Durante la investigación, declararon médicos presidenciales, personal de la Quinta de Olivos, familiares y allegados de Yáñez, así como su esteticista. También se analizaron historias clínicas, registros de ingreso y egreso de Olivos, videos y comunicaciones telefónicas.

Para la fiscalía, el caso debe considerarse un asunto de derechos humanos de las mujeres, reclamando un análisis “libre de estereotipos” que no desvíe la atención de “las responsabilidades del agresor”. Con la instrucción cerrada, el expediente queda a la espera de que un tribunal oral defina el inicio del juicio.