Un reciente fallo de la Cámara Federal de Mar del Plata reveló una compleja maniobra de las cooperativas eléctricas para evadir el pago de miles de millones de pesos a Cammesa, mientras continuaban cobrando por la energía a sus usuarios.
Este esquema fraudulento, que había pasado desapercibido por las autoridades, perjudicó las finanzas de la empresa estatal encargada de la distribución de energía.
Cooperativas eléctricas dejaron de pagar a Cammesa por fallo judicial
El conflicto comenzó cuando la Cooperativa de Villa Gesell inició una causa que resultó en un fallo favorable, permitiéndole dejar de pagar la energía a Cammesa. Sin embargo, un juez de Dolores amplió los beneficios de este fallo a otras cooperativas, que también dejaron de cumplir con sus obligaciones de pago.
De este modo, mientras Cammesa seguía costeando la generación de energía, las cooperativas obtenían ganancias netas al cobrar a los usuarios sin abonar lo correspondiente a la empresa estatal.
No fue hasta que la nueva gestión de Cammesa, liderada por Mario Cairella, decidió intervenir y revertir la situación. La Cámara Federal de Mar del Plata anuló la parte del fallo que favorecía a las cooperativas y ordenó que estas paguen los más de 160 mil millones de pesos adeudados, además de los intereses acumulados por el impago.
Sospechas de complicidad en la maniobra
A pesar del fallo favorable para Cammesa, persisten dudas sobre un posible entramado legal que habría facilitado la maniobra. Fuentes del sector indicaron que, tras obtener el primer fallo favorable, un estudio de abogados ofreció sus servicios a otras cooperativas para sumarles al amparo y evitar que pagaran por la energía consumida.
Además, el hecho de que el expediente fuera declarado secreto alimenta las sospechas de que podría haber complicidad entre jueces, abogados y funcionarios del Gobierno anterior para defraudar al Estado.
Este fallo judicial no solo busca recuperar más de 160 mil millones de pesos para Cammesa, sino que también saca a la luz una posible red de corrupción en torno a las cooperativas eléctricas.
La intervención de la justicia marca un avance, pero el caso deja entrever la necesidad de mayor control y transparencia en el sector energético para evitar futuras maniobras que perjudiquen al Estado y los usuarios.
