El proyecto de un nuevo Régimen Penal Juvenil que obtuvo media sanción en la Cámara de Diputados tuvo un fuerte respaldo de parte de los representantes de Córdoba.
La iniciativa del gobierno de Javier Milei, cuyo punto principal es la baja de la edad de imputabilidad a los 14 años fue respaldada por 149 diputados que votaron a favor, entre ellos, varios cordobeses.
El nuevo Régimen Penal Juvenil fue respaldado por 149 diputados.
Cómo votaron los diputados cordobeses el nuevo Régimen Penal Juvenil
A favor
Todos los diputados de La Libertad Avanza: Gabriel Bornoroni, María Cecilia Ibáñez, Enrique Lluch, Marcos Patiño Brizuela, Belén Avico, Luis Picat, Gonzalo Roca, María Celeste Ponce, Laura Soldano y Laura Rodríguez Machado.
Todos los diputados de Provincias Unidas: Alejandra Torres, Juan Schiaretti, Carlos Gutiérrez, Ignacio García Aresca, Carolina Basualdo y Juan Fernando Brugge.
En contra
Natalia de la Sota (Defendamos Córdoba) y Gabriela Estévez (Unión por la Patria).
Nuevo Régimen Penal Juvenil
La Cámara de Diputados aprobó en general el nuevo Régimen Penal Juvenil y dio media sanción al proyecto que establece la baja de la edad de imputabilidad de 16 a 14 años.
La iniciativa impulsada por el Ministerio de Seguridad y figuras como Patricia Bullrich obtuvo 149 votos afirmativos y 100 negativos, sin abstenciones, consolidando un amplio respaldo parlamentario.
El oficialismo logró articular una mayoría junto al PRO, la UCR, Provincias Unidas, el MID, Innovación Federal y otros bloques provinciales.
El peronismo, fiel a su política de puertas giratorias, votó en contra en forma unificada.
El resultado reflejó el trabajo legislativo desarrollado durante el último año en un plenario de cuatro comisiones, donde se analizaron más de veinte proyectos y expusieron más de treinta especialistas.
El nuevo régimen no solo baja la edad de imputabilidad, sino que fija una pena máxima de hasta 15 años de prisión para delitos graves como homicidios, robos violentos, abusos sexuales y secuestros.
Para infracciones con penas menores a 10 años se prevén alternativas como amonestaciones, prohibición de acercamiento a la víctima, servicios comunitarios, monitoreo electrónico, reparación del daño y restricciones de circulación o conducción.
Uno de los ejes centrales es la creación de institutos especializados para menores condenados, con garantía de acceso a educación, atención médica y tratamiento de adicciones.
El texto establece la capacitación obligatoria del personal y prohíbe de manera expresa la convivencia con detenidos mayores de edad.
Además, habilita la suspensión del proceso a prueba y la mediación penal juvenil en casos leves, siempre con intervención de las partes y consentimiento de la víctima.
