El peronismo, fiel a su política de puertas giratorias, votó en contra en forma unificada.
El resultado reflejó el trabajo legislativo desarrollado durante el último año en un plenario de cuatro comisiones, donde se analizaron más de veinte proyectos y expusieron más de treinta especialistas.
El nuevo régimen no solo baja la edad de imputabilidad, sino que fija una pena máxima de hasta 15 años de prisión para delitos graves como homicidios, robos violentos, abusos sexuales y secuestros.
Para infracciones con penas menores a 10 años se prevén alternativas como amonestaciones, prohibición de acercamiento a la víctima, servicios comunitarios, monitoreo electrónico, reparación del daño y restricciones de circulación o conducción.
Uno de los ejes centrales es la creación de institutos especializados para menores condenados, con garantía de acceso a educación, atención médica y tratamiento de adicciones.
El texto establece la capacitación obligatoria del personal y prohíbe de manera expresa la convivencia con detenidos mayores de edad.
Además, habilita la suspensión del proceso a prueba y la mediación penal juvenil en casos leves, siempre con intervención de las partes y consentimiento de la víctima.