Diputados dio media sanción para bajar la imputabilidad a 14 años

El nuevo régimen no solo baja la edad de imputabilidad, sino que fija una pena máxima de hasta 15 años de prisión para delitos graves como homicidios, robos violentos, abusos sexuales y secuestros. Para infracciones con penas menores a 10 años se prevén alternativas como amonestaciones, prohibición de acercamiento a la víctima, servicios comunitarios, monitoreo electrónico, reparación del daño y restricciones de circulación o conducción.

Uno de los ejes centrales es la creación de institutos especializados para menores condenados, con garantía de acceso a educación, atención médica y tratamiento de adicciones. El texto establece la capacitación obligatoria del personal y prohíbe de manera expresa la convivencia con detenidos mayores de edad. Además, habilita la suspensión del proceso a prueba y la mediación penal juvenil en casos leves, siempre con intervención de las partes y consentimiento de la víctima.

La diputada libertaria Laura Rodríguez Machado afirmó que el régimen vigente, sancionado en 1980, no previene, no resocializa y deja a numerosos jóvenes en un limbo jurídico que facilita su captación por organizaciones criminales. Desde el oficialismo remarcaron que la reforma busca terminar con la impunidad en delitos graves y brindar una respuesta concreta a las víctimas, entre ellas la familia de Jeremías Monzón.

En la vereda opuesta, dirigentes como Juan Grabois —quien el día anterior había sido reprimido por agregedir a la policia en la marcha contra la reforma laboral— cuestionaron la baja de la edad de imputabilidad y sostuvieron que las verdaderas víctimas eran los delincuentes y asesinos.

El proyecto también incorpora un reconocimiento expreso de los derechos de las víctimas dentro del proceso penal juvenil: información, participación, patrocinio jurídico y asistencia psicológica. En el debate estuvieron presentes familiares de víctimas de delitos cometidos por menores, que siguieron la sesión desde los palcos.

La iniciativa ahora deberá ser tratada en el Senado. El oficialismo buscará convertir en ley una reforma que considera estructural para el sistema de seguridad y justicia, en un debate que volvió a poner en evidencia dos miradas antagónicas sobre el delito juvenil en la Argentina: una centrada en garantizar respuestas y protección a las víctimas, y otra enfocada en mejorar la situación de quienes delinquen.