El gobernador peronista de La Rioja intentó sabotear la mayor inversión de la historia

Frente a esta situación, la empresa Vicuña —integrada por la canadiense Lundin Mining y la australiana BHP— recurrió a la Justicia sanjuanina, que otorgó una medida cautelar para garantizar la continuidad operativa del proyecto mientras se resuelve el conflicto. A partir de esa decisión, las actividades siguieron adelante utilizando caminos íntegramente ubicados en territorio de San Juan, aunque con mayores dificultades logísticas.

Además del bloqueo, Quintela exigió la presentación de un estudio de impacto ambiental ante su provincia, pese a que el emprendimiento ya cuenta con la aprobación correspondiente por parte de San Juan. En paralelo, el mandatario reactivó un reclamo por los límites interprovinciales, cuestionando acuerdos vigentes desde 1968 y planteando que parte del yacimiento Filo del Sol debería pertenecer a La Rioja.

Desde el gobierno sanjuanino marcaron una posición clara respecto a la jurisdicción del proyecto. Señalaron que los recursos del subsuelo están respaldados por la Constitución Nacional y la Ley 18.004, y que el desarrollo minero en curso se ajusta al marco legal vigente. En esa línea, remarcaron que el proyecto no se encuentra detenido y que continúa avanzando conforme a los acuerdos establecidos con el Gobierno nacional y las empresas involucradas.

Detrás de Vicuña están dos de las principales compañías mineras del mundo. El plan contempla una inversión inicial de US$7100 millones en los próximos tres años para desarrollar una mina de cobre, oro y plata a más de 4200 metros de altura en la Cordillera sanjuanina, integrando los yacimientos Josemaría y Filo del Sol.

De concretarse según lo previsto, el proyecto podría ubicarse entre los más importantes del mundo en su tipo, con exportaciones anuales cercanas a los US$6000 millones, en un contexto global donde el cobre gana protagonismo por su rol en la transición energética.