El objetivo oficial es garantizar que cada peso destinado a subsidios responda a datos reales de demanda. Se buscan eliminar distorsiones, abusos y desvíos que durante años drenaron recursos públicos bajo la cobertura de un sistema mal diseñado y peor controlado.
La auditoría se enmarca en la reciente modificación del esquema de compensaciones. A diferencia del modelo anterior, que se basaba en kilómetros declarados y consumo de combustible, el nuevo sistema calcula los subsidios según cantidad real de pasajeros. Este cambio dejó al descubierto patrones anómalos en la validación de boletos, que habrían permitido desvíos millonarios.
Controles reforzados y fiscalizaciones en la calle
Ante la gravedad de las acusaciones, el Gobierno instruyó a la Dirección de Fondos Fiduciariosa auditar de manera inmediata todo el sistema SUBE. El control se extiende a la totalidad de las empresas del AMBA.
El proceso contará con informes técnicos de Nación Servicios S.A. y de la Comisión Nacional de Regulación del Transporte (CNRT), además de inspecciones presenciales en las unidades.
La acusación consistiría en distorsionar los datos reales para aumentar los subsidios
El Gobierno Nacional avanzó con una auditoría integral del sistema de subsidios al transporte público. Esta decisión se dió tras denuncias que exponen maniobras irregulares por parte de empresas de colectivos del Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA).
La medida incluye la retención inmediata de subsidios a las empresas donde se detectaron inconsistencias. Lo que marca un punto de inflexión frente a un esquema históricamente opaco.
Se auditará el sistema de subsidios al transporte público
La medida fue dispuesta por la Secretaría de Transporte, dependiente del Ministerio de Economía, tras una reunión con las principales cámaras empresarias del sector. La investigación se originó a partir de una denuncia que apunta contra el grupo La Nueva Metropol. Esta empresa fue acusada por sus colegas de manipular la asignación de boletos para inflar artificialmente los montos de compensaciones estatales.
Según los señalamientos,la maniobra consistía en entregar boletos de recorridos largos a pasajeros que realizaban trayectos cortos. Esto constituía una práctica para duplicar el valor de los subsidios liquidados por el Estadosin correlato con el servicio efectivamente prestado.
Sindicalismo duro, amenazas de paro y extorsión al Estado
Mientras el Gobierno avanza en el saneamiento del sistema, el sindicalismo del transporte vuelve a jugar su carta habitual: la amenaza de paralizar el servicio. La Unión Tranviarios Automotor (UTA) retomará este viernes las negociaciones salariales en la Secretaría de Trabajo y advirtió que, de no haber acuerdo, anunciará medidas de fuerza inmediatas.
Roberto Fernández, líder de la UTA.
El gremio reclama elevar el salario básico de $1.370.000 a más de $1.550.000, en un contexto donde las empresas aseguran que no pueden aumentos sin subsidios o ajustes en el boleto. El planteo expone una lógica repetida durante años: presión sindical, paros extorsivos y traslado del costo a los contribuyentes.
Mientras la UTA se victimiza, evita mencionar que el sistema que defienden es el mismo que funcionó como caja política y gremial. Esa misma caja que era sostenida por subsidios inflados y controles inexistentes.
Un sistema que empieza a ordenarse
Desde la Secretaría de Transporte aseguraron que las medidas serán inmediatas, mientras se verifica técnicamente lo ocurrido. El objetivo, remarcaron, es ordenar un sector históricamente capturado por intereses corporativos y garantizar el uso transparente de los recursos públicos.
El dilema es el de siempre. Auditoría y fin del despilfarro, frente a empresarios acostumbrados al subsidio fácil y sindicatos que amenazan con dejar a millones de usuarios sin transporte cada vez que el Estado intenta poner reglas.
