El Gobierno avanzó con una investigación sobre laAsociación del Fútbol Argentinoy la Superliga al citar a sus contadores para que expliquen presuntas inconsistencias en los balances. A través de la Inspección General de Justicia (IGJ), el organismo de control exige la justificación de movimientos de fondos por un total aproximado de 450 millones de dólares, en audiencias que comenzarán esta semana.
Según informó el Ministerio de Justicia, el próximo 20 de enero vence el plazo para que ambas entidades presenten los balances contables y financieros que adeudan desde 2017. En ese marco, la AFA deberá explicar flujos cercanos a los 111 millones de dólares, mientras que a la Superliga se le reclaman justificaciones por unos 340 millones. Además, tendrán que presentar documentación que respalde gastos e inversiones vinculadas con actividades no contempladas en sus estatutos sociales.
La IGJ detalló que las citaciones buscan que los profesionales "den explicaciones sobre las cifras contenidas en sus estados contables y financieros, y respondan todas las preguntas respecto a las observaciones realizadas", bajo los mismos criterios que se aplican a cualquier persona jurídica privada registrada.
La AFA y la Superliga deberán justificar movimientos por 450 millones de dólares
Desde la cartera que conduce Mariano Cúneo Libarona remarcaron que la AFA, presidida por el mafioso Claudio "Chiqui" Tapia, es una asociación civil sin fines de lucro y que no cuenta con ningún trato diferencial. "Nadie está por encima de la ley ni tiene privilegios. La AFA y la Superliga deben cumplir con los mismos requisitos que se le exigen a todas las asociaciones y fundaciones", advirtieron.
En cuanto al cronograma, este miércoles deberá presentarse el auditor de la Superliga, Fernando Dubois, para responder por los ejercicios comprendidos entre 2020 y 2024. Al día siguiente será el turno de los contadores de la AFA (Claudia Carraro, Umberto Mucelli y Claudio Bisurgi), quienes darán explicaciones por los balances correspondientes a los períodos entre 2017 y 2024.
El Gobierno anticipó que la falta de respuesta o el incumplimiento de los requerimientos dentro del plazo establecido "podrá derivar en sanciones económicas severas, tanto para las entidades involucradas como para sus directivos", en una causa que promete tensar aún más la relación entre el Estado y la dirigencia del fútbol argentino.
