El Gobierno avanza con la privatización total de Intercargo y fija un plazo de 8 meses

El Gobierno nacional puso en marcha el proceso de privatización de Intercargo, la empresa estatal encargada del servicio de rampa y asistencia en tierra para aeronaves.

El Ministerio de Economía, en conjunto con la Secretaría de Transporte y otros organismos,  estableció un cronograma con un plazo de ocho meses para completar la operación, que implicará la venta del 100% del paquete accionario a través de una licitación pública nacional e internacional.

A diferencia de otras experiencias, como el caso de YPF, no se reservará ningún porcentaje para el Estado ni se implementará un Programa de Propiedad Participada. La iniciativa se encuadra en lo dispuesto por la Ley de Bases, que incluye a Intercargo entre las empresas estatales sujetas a privatización, y responde a la decisión del presidente Javier Milei de reducir la participación estatal en la actividad empresarial.

Sin participación estatal y con nuevos actores en el mercado

Desde el Ejecutivo informaron que la Secretaría de Transporte elaborará toda la documentación técnica, contractual y licitatoria,  bajo la supervisión de la Agencia de Transformación de Empresas Públicas. Además, se actualizará el inventario de bienes y se promoverá la rescisión del contrato de concesión actual, de mutuo acuerdo, para habilitar la venta.

Por su parte,  la Agencia de Transformación coordinará el cumplimiento del cronograma y solicitará a un banco público la tasación del paquete accionario. Al mismo tiempo, la Subsecretaría de Transporte Aéreo deberá garantizar la continuidad del servicio sin afectar la conectividad aérea nacional ni internacional.

En paralelo, el Gobierno también avanzó con la desregulación del servicio de rampas, eliminando el monopolio de Intercargo y habilitando a seis empresas privadas a operar en los aeropuertos del país. Entre ellas se encuentran MNZS S.A., Global Protection Service S.A., Fly Seg, Air Class Cargo, Handyway Cargo S.A. y Escalum Investment S.A.

Resistencia gremial y conflicto judicial

La decisión oficial provocó el rechazo del gremio kirchnerista APA (Asociación del Personal Aeronáutico), que presentó un amparo judicial para frenar la privatización. La entidad sindical denunció “irregularidades graves” y advirtió que la medida busca "precarizar a los trabajadores" y entregar “negocios rentables del Estado” al sector privado.

Según APA, el Decreto 198/2025 que habilita la venta califica a la empresa como deficitaria, algo que consideran falso. En su lugar, señalan que Intercargo tuvo en 2024 un superávit superior a los $17.000 millones, sin asistencia financiera del Tesoro, tal como figura en el Informe de Ejecución Presupuestaria elaborado por la Oficina Nacional del Presupuesto.

Mientras el proceso avanza a través de las plataformas oficiales SUBAST.AR y CONTRAT.AR, el Ejecutivo sostiene que la medida forma parte de un  plan más amplio para mejorar la competitividad, fomentar inversiones en  infraestructura aeroportuaria y elevar la calidad de los servicios ofrecidos tanto a aerolíneas como a pasajeros.