El Gobierno comenzará la auditoría de la Universidad de Buenos Aires el 28 de octubre

La Sindicatura General de la Nación (SIGEN), liderada por Miguel Blanco, comenzará a realizar la tan esperada auditoría en la Universidad de Buenos Aires (UBA) en seis días, el próximo 28 de octubre.

Este será el primer lugar en el que la SIGEN, organismo de control dependiente de la Presidencia de la Nación, concentrará su análisis. La notificación dirigida al rector de la UBA, Ricardo Jorge Gelpi, ya está firmada y será entregada en el transcurso del día.

El comunicado detalla que el principal propósito de los cuatro auditores asignados será revisar el uso y la justificación de los fondos transferidos por la Subsecretaría de Políticas Universitarias, además de verificar la ejecución de los convenios que la UBA suscribió con diversas dependencias del Poder Ejecutivo Nacional y cómo se gestionaron dichas áreas.

El mensaje también especifica a Gelpi que las labores de auditoría se realizarán de forma presencial, tanto en la sede del Rectorado como en la Facultad de Ciencias Económicas, donde se examinarán los principales procedimientos administrativos-financieros y los controles internos asociados a estos procesos.

Por tal motivo, se le solicita al rector que designe a una persona como enlace para facilitar la documentación requerida por el equipo auditor.

Además, se le pide a Gelpi que asigne un espacio donde los auditores puedan revisar la información, los contratos y los procesos internos de rendición de cuentas que la UBA debería haber realizado. Los auditores también examinarán los sistemas administrativos y financieros.

Las auditorías a las universidades nacionales que reciben financiamiento estatal fueron anunciadas por el Gobierno de Javier Milei a través del vocero, Manuel Adorni, tras una resolución firmada por Rodolfo Barra, titular de la Procuración del Tesoro de la Nación, que habilita a la SIGEN a supervisar estas instituciones.

La medida fue comunicada en medio de un conflicto con las organizaciones de izquierda, que incluyó tomas ilegales de edificios y otras violentas medidas de fuerza, desencadenadas por el veto presidencial de Javier Milei a la ley de financiamiento universitario, que buscaba quebrar al Estado.

En su resolución, Barra expresó: "El sistema de control interno previsto en la Ley de Administración Financiera y de los Sistemas de Control del Sector Público Nacional N° 24.156 es aplicable a las universidades nacionales, siempre que dicho control no contradiga ni vulnere la autonomía funcional y la autarquía administrativa-financiera que la Constitución Nacional les reconoce, regulada por la Ley de Educación Superior N° 24.521".

Hasta el momento, esta tarea solo podía ser realizada por la Auditoría General de la Nación (AGN), un organismo dependiente del Congreso de la Nación y no del Poder Ejecutivo, dirigido por Juan Manuel Olmos, quien fue vicejefe de Gabinete durante la administración kirchnerista de Alberto Fernández.

Barra concluyó en su dictamen: "A la luz del texto constitucional reformado en 1994 y de los antecedentes normativos, jurisprudenciales y doctrinales de la Procuración del Tesoro, opino que el sistema de control interno previsto en la Ley de Administración Financiera y de los Sistemas de Control del Sector Público Nacional N° 24.156 es aplicable a las universidades nacionales".

"En un país donde la gran mayoría de los niños son pobres y no saben leer, escribir ni realizar una operación matemática básica, el mito de la universidad gratuita se convierte en un subsidio de los pobres hacia los ricos, cuyos hijos son los únicos que llegan a la universidad con los recursos, la cultura y el tiempo común para poder estudiar", afirmó Milei al presentar al nuevo Centro Cultural Palacio Libertad Domingo Faustino Sarmiento.

Además, subrayó que su gobierno no tiene planes de cerrar estas instituciones, sino de auditar el uso de los recursos. "No queremos cerrar las universidades, las queremos cuidar, y para eso hay que auditarlas", señaló el presidente.