Desde el Ministerio de Justicia sostuvieron que el predio estaba siendo utilizado para ejecutar “operaciones políticas partidarias” y confirmaron que ya fue presentada una denuncia penal. “El medio El Grito del Sur usurpó un lugar destinado a la educación para convertirlo en un búnker político e ideológico, bancado con los recursos del Estado”, afirmó Cúneo Libarona.
“Bajo la bandera de los derechos humanos, financiaban su editorial partidaria kirchnerista con el presupuesto nacional. Uno de los responsables es Miguel Hernan Santucho, sobrino del terrorista del Ejército Revolucionario del Pueblo (ERP) Mario Roberto Santucho, que junto a otros seis empleados de la Secretaría de Derechos Humanos tenía la responsabilidad de custodiar y mantener el espacio”, detalló el ministro en un comunicado oficial.











