El Gobierno de Javier Milei denunció que el Espacio de la Memoria Virrey Cevallos fue ocupado de manera ilegal por agrupaciones vinculadas al kirchnerismo, que convirtieron el lugar en "un búnker partidario y de adoctrinamiento", lo que generaba un gasto de $210 millones anuales en salarios para todos los argentinos.
Según lo revelado por el ministro de Justicia, Mariano Cúneo Libarona, en ese espacio operaba “una redacción kirchnerista”, y anunció que los “delincuentes” kirchneristas administraban un medio digital llamado “El Grito del Sur”. Este portal se presentaba como un espacio “popular, transfeminista y millennial hecho por y para les jóvenes y les trabajadores”.
El ministro de Justicia, Mariano Cúneo Libarona.
Desde el Ministerio de Justicia sostuvieron que el predio estaba siendo utilizado para ejecutar “operaciones políticas partidarias” y confirmaron que ya fue presentada una denuncia penal. “El medio El Grito del Sur usurpó un lugar destinado a la educación para convertirlo en un búnker político e ideológico, bancado con los recursos del Estado”, afirmó Cúneo Libarona.
“Bajo la bandera de los derechos humanos, financiaban su editorial partidaria kirchnerista con el presupuesto nacional. Uno de los responsables es Miguel Hernan Santucho, sobrino del terrorista del Ejército Revolucionario del Pueblo (ERP) Mario Roberto Santucho, que junto a otros seis empleados de la Secretaría de Derechos Humanos tenía la responsabilidad de custodiar y mantener el espacio”, detalló el ministro en un comunicado oficial.
A raíz de una inspección llevada a cabo en el Espacio para la Memoria Ex CCTyD Virrey Cevallos, se verificó que ahí funcionaba una redacción instalada en el segundo piso del edificio. Según informaron, la agrupación kirchnerista hacía uso de recursos estatales sin ningún tipo de respaldo administrativo que lo autorizara.
Javier Milei, presidente de Argentina.
"Esto contraviene el espíritu y la normativa que rige los Espacios de Memoria, que según la Ley deben ser destinados a la promoción de actividades educativas, de investigación y difusión vinculadas a la memoria y los derechos humanos", explicó Cúneo Libarona.
Estas acciones forman parte de los procedimientos impulsados por el Gobierno de Javier Milei, con el objetivo de garantizar el uso adecuado y legítimo de los bienes del Estado, y de asegurar que los Sitios y Espacios de Memoria funcionen conforme a la normativa vigente.
En términos concretos, el Gobierno está firme en su decisión de revisar las políticas de derechos humanos implementadas durante el kirchnerismo. Al respecto, el Ministerio de Justicia ya había anunciado en marzo su intención de realizar una auditoría en los Espacios de la Memoria, que incluye también el predio de la Escuela de Mecánica de la Armada (ESMA).
