El Gobierno de Javier Milei dispuso una transferencia de más de 100.000 millones de pesos para fortalecer el sistema de Bomberos Voluntarios en todo el país, en un contexto marcado por la gravedad de los incendios activos en la Patagonia, que durante las últimas semanas se ubicaron en el centro de la agenda nacional.
La medida quedó formalizada durante la madrugada de este jueves con la publicación en el Boletín Oficial de la Resolución 91/2026 del Ministerio de Seguridad Nacional, cartera que conduce Alejandra Monteoliva. La normativa establece un esquema integral de financiamiento destinado a reforzar el funcionamiento operativo, la capacitación y la estructura institucional de los cuerpos de bomberos voluntarios.
De acuerdo con lo dispuesto, las Asociaciones de Bomberos Voluntarios, consideradas entes de primer grado, recibirán un total de $100.810.319.998,50. Estos fondos serán distribuidos entre 1.062 asociaciones de todo el país, lo que implica una asignación individual de $94.924.971,75 para cada una.
Bomberos voluntarios.
Según detalla la resolución, los recursos estarán destinados a la adquisición de equipamiento, materiales, indumentaria, equipos de vestuario y otros elementos indispensables para la lucha contra el fuego y las tareas de protección civil. También podrán utilizarse para el mantenimiento de los recursos operativos existentes, con el objetivo de garantizar una respuesta adecuada ante emergencias.
El esquema de financiamiento también contempla a las entidades de segundo grado, correspondientes a las federaciones provinciales que agrupan a las asociaciones locales. En este caso, percibirán un total de $7.754.639.995,93, monto que se distribuirá según la cantidad de entidades afiliadas informada por cada federación.
Estos fondos estarán destinados a cubrir gastos de funcionamiento, tareas de representación institucional y el cumplimiento de obligaciones legales. A su vez, la resolución establece una asignación adicional por el mismo monto, $7.754.639.995,93, orientada específicamente a programas de capacitación para bomberos voluntarios y directivos de las instituciones, en línea con lo dispuesto por la Ley Nacional N° 25.054.
En los considerandos de la norma, el Ministerio de Seguridad fundamentó la decisión en la necesidad de responder ante “los desastres de gran magnitud acaecidos en diferentes provincias durante el último año y previstos para el presente”.
En ese marco, el texto oficial remarca que “resulta necesario dotar a las entidades de bomberos voluntarios más afectadas, con equipamiento que les permita cubrir adecuadamente las emergencias propias de su jurisdicción, territorio provincial y/o interprovincial en que prestan servicios”.
El presidente Javier Milei.
La Resolución también asigna recursos a la Agencia Federal de Emergencias (AFE). A través de la Dirección Nacional de Bomberos Voluntarios, el organismo recibirá $2.584.880.009,64. Ese presupuesto estará orientado a tareas de fiscalización, establecimiento de centros regionales de control, adquisición de equipamiento, movilidad y traslados.
Además, los fondos permitirán financiar la formación de instructores, el diseño de cursos, la implementación de subsidios extraordinarios en situaciones de emergencia y el cumplimiento de otras obligaciones previstas en la normativa vigente.
Por su parte, el Consejo de Federaciones de Bomberos Voluntarios de la República Argentina, en su carácter de ente de tercer grado, contará con dos asignaciones diferenciadas. La primera, por un total de $7.754.640.000, estará destinada a gastos de funcionamiento y al desarrollo de la Academia Nacional de Capacitación de Bomberos Voluntarios.
La segunda asignación, de $2.584.880.000, se utilizará para cubrir gastos de funcionamiento general, representación institucional y cumplimiento de obligaciones legales.
La decisión del Gobierno de Milei busca fortalecer la capacidad operativa de los bomberos voluntarios frente a escenarios de emergencia cada vez más exigentes. En particular, la medida busca dotar de mayores recursos a quienes cumplen un rol central en la prevención y combate de incendios, así como en la protección de comunidades afectadas por el desastre.
