Esta medida elimina la discrecionalidad política en el manejo de contratos energéticos y pone fin a mecanismos corruptos
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El Gobierno de Javier Milei avanzó en una reforma estructural del esquema de importación de Gas Natural Licuado (GNL), con el objetivo de poner fin a un sistema que durante años estuvo bajo control estatal y que derivó en graves irregularidades, sobreprecios y condenas judiciales por corrupción.
La decisión apunta a retirar al Estado de la operatoria directa y trasladar el proceso al sector privado, bajo mecanismos de competencia, licitación y reglas claras.
Durante los años 2008 y 2009, en el marco de los gobiernos kirchneristas, la importación de GNL quedó concentrada en la empresa estatal ENARSA. Ese modelo se caracterizó por la ausencia de competencia, la falta de controles efectivos y la discrecionalidad política en el manejo de contratos millonarios vinculados al abastecimiento energético.
Bajo ese esquema, el Estado kirchnerista pasó a controlar de manera directa la contratación de buques, la intermediación comercial y el giro de divisas al exterior, lo que, según determinó posteriormente la propia Justicia, habilitó prácticas corruptas y un perjuicio económico significativo para el país.
Barco de GNL.
Uno de los casos más representativos fue el del buque “Perla Negra”. En esa operatoria se giraron USD 52 millones a una empresa fantasma radicada en el exterior, en una contratación que no contó con licitación pública ni respaldo técnico que justificara el pago. El episodio se convirtió con el tiempo en uno de los símbolos del manejo oscuro del sistema de importación de GNL.
Las responsabilidades políticas del esquema corrupto estuvieron concentradas en el entonces Ministerio de Planificación Federal. Julio De Vido, ministro del área durante las presidencias de Néstor y Cristina Kirchner, fue la máxima autoridad política del sector energético y quien tuvo a su cargo el diseño y el control del mecanismo de importación.
A su vez, Roberto Baratta, subsecretario de Coordinación y Control del mismo ministerio, fue señalado como el principal responsable operativo, con seguimiento directo sobre las contrataciones y los pagos vinculados al ingreso de GNL al país.
La causa judicial que investigó estas maniobras concluyó con condenas firmes. La Justicia determinó que el sistema de importación de gas fue utilizado como una “caja política”, generando un perjuicio económico para el Estado nacional. En ese marco, De Vido fue condenado a cuatro años de prisión e inhabilitación absoluta y perpetua para ejercer cargos públicos, mientras que Baratta recibió una pena de tres años y seis meses de prisión.
Javier Milei en Vaca Muerta.
El fallo confirmó que el modelo kirchnerista estatal de importación no solo carecía de controles adecuados, sino que además permitió la existencia de intermediarios sin función real y pagos injustificados, financiados con los impuestos de todos los argentinos.
La reforma del Gobierno de Milei
Frente a ese grave antecedente, el actual Gobierno de Javier Milei resolvió avanzar en un cambio de fondo. La nueva decisión saca al Estado del negocio de importar GNL y transfiere la operatoria al sector privado, bajo un esquema basado en competencia, licitaciones y reglas transparentes.
Con esta medida, la administración libertaria busca eliminar la discrecionalidad política en el manejo de contratos energéticos y cortar definitivamente con mecanismos corruptos que durante años funcionaron como estructuras oscuras dentro del Estado.
El nuevo modelo apunta a poner fin al manejo estatal de barcos, contratos y dólares, así como a la utilización de intermediarios innecesarios que encarecieron el costo del suministro energético. A partir de ahora, la importación quedará sujeta a condiciones de mercado, con mayor previsibilidad y control.
La medida se enmarca en la política general de la administración Milei de reducir la intervención estatal y eliminar cajas políticas que históricamente generaron desvíos de fondos.
