A través de la Resolución 48/2025 publicada en el Boletín Oficial, el Gobierno nacional oficializó que los empleados públicos que no hayan aprobado la Evaluación General de Conocimientos y Competencias serán desvinculados de sus cargos a partir del segundo semestre de 2025.
La medida, impulsada por el Ministerio de Desregulación y Transformación del Estado a cargo de Federico Sturzenegger, apunta a “optimizar el funcionamiento y la transformación del Estado”.
Qué dice la nueva normativa
“Establécese que, a partir del 1° de julio de 2025, los sujetos comprendidos en los incisos a) y c) del artículo 8° de la Ley N° 24.156 solo podrán contratar y/o efectuar renovaciones (...) al personal que hubiera aprobado la Evaluación General de Conocimientos y Competencias”, indica el artículo 1° de la resolución firmada por Sturzenegger.
Esto implica que los empleados públicos que no hayan superado la prueba, no podrán continuar en funciones bajo contratos encuadrados en el artículo 93 de la Ley de Contrato de Trabajo (N° 20.744). Además, cualquier vínculo contractual posterior al 30 de junio será automáticamente anulado si el trabajador no acredita haber aprobado la evaluación.
Quiénes deben rendir la evaluación
La medida afecta a trabajadores que ya se encuentran bajo contrato y a quienes busquen ingresar a la administración pública. Además, el Ejecutivo instó a los representantes estatales en empresas, sociedades y entidades con participación mayoritaria del Estado a aplicar criterios similares para sus procesos de contratación.
La prueba se divide en tres perfiles: servicios generales, administrativos y profesionales. Cada candidato dispone de tres oportunidades para aprobarla. Las evaluaciones se realizan en el Instituto Nacional de Administración Pública (INAP), con una duración de una hora y mediante formato digital con preguntas de opción múltiple.
Un paso hacia la profesionalización del Estado
Desde el Gobierno destacan que la iniciativa busca alinear las contrataciones con “estándares de competencia y eficiencia”, eliminando nombramientos discrecionales sin sustento técnico. “El Estado debe contar con personal debidamente calificado para desempeñar las tareas asignadas”, señalaron desde la cartera que encabeza Sturzenegger.
En diciembre de 2024, alrededor de 40.000 empleados fueron evaluados como parte de la primera etapa de implementación. El nuevo esquema de control de idoneidad forma parte del plan integral del Gobierno para reestructurar el empleo público bajo criterios de productividad y transparencia.
Control y continuidad de la medida
La normativa establece que, para continuar en sus cargos, los empleados deberán aprobar la evaluación previamente a la renovación o suscripción de contratos. Además, se prevé la implementación de controles cruzados para verificar que las designaciones futuras respeten los criterios exigidos.
Así, el Estado avanza en un proceso de selección más riguroso, que busca reducir el margen de discrecionalidad en el ingreso a la administración pública. “No se trata solo de reducir personal, sino de garantizar que cada funcionario tenga las competencias que el cargo requiere”, insisten desde el Ministerio.
