El gobierno de Argentina derogó una resolución dictada en 2012 que imponía fuertes restricciones al otorgamiento de patentes farmacéuticas.
La decisión establece que, a partir de ahora, el Instituto Nacional de la Propiedad Industrial (INPI) evaluará caso por caso las solicitudes de patentes, sin los condicionamientos adicionales que habían sido impuestos durante el kirchnerismo.
La medida fue oficializada mediante una resolución conjunta firmada por el ministro de Salud, Mario Lugones, el ministro de Economía, Luis Caputo, y el titular del INPI, Carlos María Gallo.
Fin a un sistema que dificultaba la innovación
La normativa derogada establecía una serie de “pautas” que en la práctica hacían extremadamente difícil el patentamiento de medicamentos en el país.
Esas restricciones, impulsadas durante los gobiernos kirchneristas, eran señaladas por especialistas como uno de los principales obstáculos para la llegada de nuevas terapias al mercado argentino.
Con la nueva regulación, el INPI recupera su capacidad de analizar cada solicitud según la legislación vigente, sin limitaciones adicionales que no existen en la mayoría de los países del mundo.
Sturzenegger celebró la reforma
Aunque no lleva su firma, la decisión refleja la agenda de desregulación impulsada por el ministro de Transformación del Estado, Federico Sturzenegger.
El funcionario destacó que la resolución representa un cambio profundo en el sistema de patentes del país.
Según explicó, la normativa anterior prácticamente impedía obtener patentes farmacéuticas en Argentina, lo que afectaba tanto la innovación como el acceso a nuevas terapias.
Para Sturzenegger, la reforma permite fortalecer el respeto por la propiedad intelectual y acelerar la llegada de medicamentos innovadores al país.
Qué pasará con los medicamentos que ya están en el mercado
La resolución también incluye una cláusula clave para evitar conflictos en el mercado farmacéutico.
Para las patentes que se concedan a partir de ahora vinculadas a medicamentos que ya se comercializan en el país, los titulares no podrán impedir la continuidad de su venta ni exigir pagos retroactivos.
El objetivo es preservar la estabilidad del mercado y garantizar que los pacientes mantengan acceso a los tratamientos disponibles.
