Anteriormente, las obras sociales actuaban como intermediarias y retenían una comisión equivalente al 2% del total.
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En el contexto de la reorganización del sistema de salud, el Gobierno de Javier Milei, mediante el Ministerio dirigido por Mario Lugones, emitió una resolución que obliga a 1.400.000 afiliados a obras sociales a comenzar a aportar y depender directamente de la empresa de medicina prepaga que les brinda cobertura.
Para comprender esta medida, es necesario revisar el funcionamiento actual del sistema de salud para los trabajadores en relación de dependencia.
El esquema de financiamiento se basa en un aporte del 3% del salario de los empleados y un 6% por parte de las empresas. Cada trabajador tiene la posibilidad de destinar esos fondos a una obra social o a una prepaga a cambio de la prestación médica.
Hasta el momento, quienes optaban por una empresa de medicina privada estaban obligados a canalizar una parte de sus aportes a través de una obra social, que actuaba como intermediaria y retenía una comisión equivalente al 2% del total.
El Gobierno eliminó otro curro de las obras sociales.
Con la nueva normativa, se pone fin a este esquema, el cual había dado lugar a la creación de 20 entidades ficticias cuya única finalidad era quedarse con el dinero de la intermediación.
Aquellos trabajadores que prefieran no transferir automáticamente sus aportes a la prepaga que les brinda el servicio tendrán un plazo de 60 días para manifestar su decisión. La obra social elegida deberá asumir la prestación de la cobertura médica, pero ya no podrá transferir fondos a una prepaga, como ocurría hasta ahora.
Esta nueva disposición acelera un mecanismo que ya estaba en vigencia desde febrero de 2024, cuando el Gobierno de Milei habilitó un trámite en la plataforma web de ARCA para eliminar la intermediación de las obras sociales.
La nueva normativa (1/25) se fundamenta en una resolución que entró en vigor el pasado 1° de diciembre. Establece que todas las entidades que ofrezcan planes de salud financiados, ya sea total o parcialmente con fondos de la seguridad social, deberán estar registradas oficialmente.
Para el equipo de Gobierno de Milei, la medida impulsada por Mario Lugones a través de la Superintendencia de Servicios de Salud (SSS) pone fin de manera definitiva al negocio de las obras sociales "sello de goma", aporta mayor transparencia al sistema y representa un ahorro para los afiliados.
Javier Milei, presidente de Argentina.
Al enviarse los aportes directamente a la empresa de medicina prepaga, se elimina el costo de la intermediación, que oscilaba entre un 3% y un 10% y permitía la existencia de estructuras que, sin brindar servicios reales, generaban millonarios ingresos, en su mayoría vinculados a sindicatos.
Según lo señalado por el organismo nacional, esta reforma garantiza que los aportes lleguen directamente a las entidades que administran los planes de salud. Además, destacaron que los beneficiarios ahora accederán de forma más directa a los servicios médicos, agilizando su relación con el sistema.
Asimismo, contarán con un período de 60 días para decidir si desean seguir derivando sus aportes a la prepaga o si prefieren regresar a la obra social.
El fin de la triangulación
Según lo informado por el Gobierno de Milei, esta medida forma parte del proceso de reorganización del sistema de salud impulsado por el Ministerio de Salud, donde la Superintendencia de Servicios de Salud jugó un papel clave en la toma de decisión.
En este nuevo contexto, el oficialismo espera que las prepagas, al reducir la burocracia, no solo mantengan sin cambios las cuotas que cobran a sus clientes, sino que incluso las disminuyan en los próximos meses.
La medida está pensada para terminar con un curro histórico y beneficiar a la clase media, con un sistema más transparente que generará ahorro para los beneficiarios.
