El Gobierno exigió a la UNMDP garantizar la seguridad y libertad de los estudiantes tras las agresiones

La nota también solicita que la universidad informe de manera detallada las medidas adoptadas tras los incidentes, incluyendo posibles sanciones disciplinarias y acciones concretas para prevenir nuevos hechos de violencia. Este requerimiento busca establecer un seguimiento institucional sobre el caso y garantizar que no quede sin respuesta.

En el documento, la Subsecretaría remarca que la rectora es la principal responsable de garantizar el normal funcionamiento institucional y el respeto por los derechos constitucionales dentro del establecimiento. En ese sentido, se le exige actuar con celeridad para evitar que la violencia, la intolerancia y la censura se consoliden como prácticas habituales en el ámbito académico.

Además, se advierte que una eventual demora o falta de acción podría derivar en responsabilidades administrativas e incluso en consecuencias legales. El planteo no solo apunta a esclarecer lo ocurrido, sino también a marcar un límite frente a episodios que, según señalan desde el Gobierno, atentan contra la pluralidad de ideas en espacios que deberían promover el debate abierto.

El episodio vuelve a poner el foco sobre el clima político dentro de algunas universidades públicas, donde las agrupaciones de izquierda y peronistas intentan imponer límites la libertad de expresion mediante la intimidación y el uso de la fuerza. En este contexto, Gobierno nacional interviene para que las universidades vuelvan a ser espacios de libertad y no de persecución.

“Si les molesta es porque estamos haciendo ruido”, sostuvo la agrupación liberal involucrada en la actividad, CREAR+ Libertad, que aseguró que continuará participando activamente en la vida universitaria pese a las agresiones sufridas y los intentos de censura.