El Gobierno Nacional dio un paso decisivo para fortalecer el sistema energético argentino al avanzar con el Plan Nacional de Ampliación del Transporte de Energía Eléctrica. A través del Decreto 921/2025, publicado este lunes, se habilitó la ejecución de obras prioritarias mediante el régimen de concesión de obra, un esquema que permite la participación del sector privado sin comprometer recursos fiscales.
La medida apunta a resolver problemas estructurales que desde hace años afectan al sistema eléctrico, como los cuellos de botella en el transporte de energía, la falta de inversión sostenida y los riesgos de cortes de suministro en distintas regiones del país. En términos prácticos, se busca robustecer la red nacional y garantizar que la energía generada pueda llegar de manera eficiente a los centros de consumo.
El Gobierno avanza en paralelo con la privatización de Transener.
Según establece el decreto, las obras de ampliación consideradas prioritarias se llevarán adelante mediante licitaciones públicas, tanto nacionales como internacionales, bajo el marco de la Ley de Concesión de Obra. Este esquema permite que empresas privadas se encarguen de la construcción, operación y mantenimiento de la infraestructura, asegurando reglas claras, previsibilidad jurídica y sostenibilidad económica a largo plazo.
La norma también define el esquema institucional del proceso. La Secretaría de Energía, dependiente del Ministerio de Economía, será la responsable de ejecutar las licitaciones, lo que incluye la elaboración y aprobación de los pliegos, la convocatoria, la evaluación de ofertas y la adjudicación de los contratos. El Ministerio de Economía actuará como autoridad de aplicación y control, reforzando la transparencia y el orden regulatorio.
Desde el Ejecutivo destacan que este modelo permite destrabar inversiones largamente postergadas en un sector clave, evitando el uso de fondos públicos en un contexto de disciplina fiscal y equilibrio de las cuentas del Estado. La lógica es clara: más infraestructura, mejor servicio y menor presión sobre el presupuesto.
El Gobierno habilitó la inversión privada para ampliar el sistema eléctrico.
El fortalecimiento del transporte eléctrico es considerado una condición indispensable para acompañar el crecimiento de la demanda, mejorar la confiabilidad del sistema y permitir el desarrollo de nueva generación energética. Además, una red más robusta reduce las restricciones que hoy afectan a usuarios residenciales, industrias y economías regionales, impactando de manera directa en la competitividad y el desarrollo productivo.
El Plan Nacional de Ampliación del Transporte Eléctrico se consolida así como una pieza central de la estrategia energética del Gobierno, orientada a normalizar el sector, atraer inversiones privadas y sentar las bases de un sistema moderno, confiable y preparado para el crecimiento de la Argentina.
