El proceso de liberación económica encarado por el presidente Javier Milei continúa sin pausa. Este martes, el vocero presidencial Manuel Adorni anunció a través de la red social X la derogación de 71 normas que habilitaban controles abusivos y exigían información innecesaria, reafirmando la convicción del Gobierno en avanzar hacia menos regulaciones absurdas y más libertad para los argentinos.
“Acabamos de derogar 71 normas que habilitaban controles abusivos y exigían información innecesaria. Entre ellas, el código de las ‘Buenas Prácticas Comerciales’, la constancia de procedencia de la papa y otras normas relacionadas a las ya extintas ‘Ley de Abastecimiento’ y ‘Ley de Góndolas’. Menos regulaciones absurdas, más libertad para los argentinos. Fin”, escribió Adorni en su publicación oficial.
El vocero, Manuel Adorni en X:
Entre las disposiciones derogadas se encuentra el Código de Buenas Prácticas Comerciales, creado el 11 de abril de 2021 por la Secretaría de Comercio Interior durante el gobierno de Alberto Fernández —recordado por su marcado intervencionismo estatal—, bajo la órbita del entonces Ministerio de Desarrollo Productivo.
Este Código, previsto para complementar la Ley de Góndolas (N° 27.545), pretendía regular de manera minuciosa la relación entre proveedores y comercializadores, imponiendo condiciones rígidas como plazos uniformes de pago, criterios de exhibición en góndolas y limitaciones en acuerdos de provisión. Incluso llegaba al extremo de normar cuestiones como la devolución de envases retornables, la reposición de productos, la logística y la forma de exhibir mercadería en estanterías.
Además, la normativa prohibía a los comercializadores exigir mercadería gratuita o bonificaciones, condicionaba acuerdos con proveedores e imponía a los comercios la obligación de notificar con carteles las faltas de stock, una carga burocrática que entorpecía la operatoria de las empresas y el normal desenvolvimiento del mercado.
Ley de Góndolas.
En cuanto a la Ley de Góndolas, también complementada por este Código, sus disposiciones establecían cupos y porcentajes obligatorios de exhibición en supermercados: al menos cinco proveedores distintos por categoría de productos, un tope del 30% de espacio por empresa, un 25% obligatorio para PyMEs, un 5% para agricultura familiar o economía popular, e incluso que en las góndolas próximas a las cajas la mitad del espacio debía destinarse a cooperativas y mutuales.
Estos requisitos no solo generaban costos adicionales y distorsionaban la competencia, sino que artificialmente manipulaban el mercado en nombre de un supuesto “equilibrio”. Lejos de beneficiar al consumidor, terminaron produciendo escasez, discrecionalidad y pérdida de eficiencia.
