El Gobierno le puso fin a un uso político del Fondo de Garantía de Sustentabilidad

En el contexto del proceso iniciado por el Gobierno de Javier Milei contra los fondos, el Ejecutivo modificó las reglas del Fondo de Garantía de Sustentabilidad (FGS) de la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES), determinando que el organismo no podrá otorgar préstamos financiados con ese dinero.

La medida fue formalizada con la publicación en el Boletín Oficial del decreto 1039/2024, que deroga algunos aspectos de la Ley N° 24.241, correspondiente al Sistema Integrado de Jubilaciones y Pensiones.

En este marco, la norma deja sin efecto los incisos m) y n) del artículo 74 de dicha ley, que permitían que la ANSES invirtiera los recursos del fondo en "contratos que se negocien en los mercados de futuros y opciones sujetos al contralor y supervisión oficial" y en "cédulas hipotecarias, letras hipotecarias y otros títulos valores que cuenten con garantía hipotecaria o cuyos servicios se hallen garantizados por participaciones en créditos con garantía hipotecaria".

El Gobierno de Milei explicó que el FGS "no fue creado para funcionar como un fondo de crédito, sino para organizar la sustentabilidad del referido sistema y, por lo tanto, sus activos deben ser invertidos en instrumentos que garanticen la preservación de su valor".

"Durante el año 2023, la línea de créditos para trabajadores se ofreció con una Tasa Nominal Anual del 50%, mientras que la inflación anual registrada fue del 211,4 %, según datos del Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC), lo que evidencia un perjuicio significativo en términos reales para los activos del FGS que atenta contra la preservación y sostenibilidad del mencionado Fondo", explicaron en los considerandos del decreto.

En este contexto, indicaron que "ofrecer créditos a tasas reales negativas implica un subsidio implícito a los beneficiarios de dichos créditos, en detrimento de los activos del Fondo y, por ende, de todo el resto de los beneficiarios y aportantes del Sistema Previsional". Argumentaron que estas actividades podrían ser gestionadas de manera más eficiente y competitiva por el sector privado.

"Tanto las instituciones financieras públicas como las privadas poseen líneas de crédito activas dirigidas a jubilados y pensionados, lo que evidencia la capacidad del sistema financiero para atender esta demanda", señalaron.

Respecto a esta medida, el Ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, expresó en su cuenta de X: "El economista Tomas Sowell se preguntó una vez; “nunca entendí por qué es egoísta querer quedarte con el dinero que ganaste y no es egoísta quedarte con el dinero que ganaron otros”. Esta historia es sobre esto".

Además, mencionaron que "fomentar la inclusión financiera a través del sector privado permitirá una diversificación de las fuentes de financiamiento para las personas jubiladas, pensionadas y beneficiarias de otras prestaciones a cargo de la ANSES, aliviando su presión y contribuyendo a la preservación de los recursos del FGS".

El Gobierno de Milei explicó que la ampliación de las competencias de la ANSES en cuanto al otorgamiento de créditos "aparta al organismo de su objeto principal y configura un perjuicio sobre los recursos del Fondo, que afecta y condiciones su sustentabilidad".

Esta decisión se toma en el marco de la emergencia pública declarada en varias áreas como económica, financiera, fiscal, administrativa, previsional, tarifaria, sanitaria y social, que permanecerá vigente hasta el 31 de diciembre de 2025.

Según explicó el Ejecutivo, la emergencia "implica la necesidad de reevaluar los instrumentos de inversión del FGS, establecidos en el artículo 74 de la Ley N° 24.241, con el objetivo de cesar aquellas inversiones que resulten no rentables, con el fin de asegurar la preservación del capital y la optimización de la rentabilidad de los recursos del citado Fondo, de modo de lograr una gestión más eficiente en la atención del bien común".

El decreto cuenta también con el respaldo de la Ley de Bases y Punto de Partida para la Libertad de los Argentinos, que delega en el Gobierno facultades para abordar materias específicas de administración y emergencia, con el objetivo de mejorar el funcionamiento del Estado y lograr una gestión pública más eficiente, ágil, transparente y de calidad.