El día que Perón ordenó la "depuración" del Justicialismo y mandó a matar a la izquierda peronista

El contexto no era menor. El asesinato de Rucci, ocurrido apenas dos días después del triunfo electoral de Perón, profundizó la ruptura entre el líder y los sectores de extrema izquierda.

La Triple A

De esta manera, el “Documento Reservado” no solo estableció una línea política, sino que funcionó como una orden directa para depurar el movimiento de los sectores de izquierda que actuaban dentro del peronismo.

Este documento proporcionó el marco ideológico y político que permitió el surgimiento y la actuación de la Triple A (Alianza Anticomunista Argentina), un grupo parapolicial dedicado al exterminio de la extrema izquierda subversiva, creado por Perón y dirigido por José López Rega, entonces ministro de Bienestar Social.

El propio texto establecía que debían emplearse todos los medios de que dispone el Estado para combatir a los sectores señalados como “infiltrados” y enemigos internos.

En ese marco, la Triple A emergió como el instrumento operativo de esa estrategia, ejecutando acciones violentas contra los sectores previamente señalados.

La primera aparición pública de la organización parapolicial se produjo apenas 51 días después de la emisión del Documento Reservado del Consejo Superior Peronista, consolidando el pasaje de las directivas políticas a la acción directa en el marco de esa “guerra” interna dentro del justicialismo.

El punto central fue la identificación de un “enemigo interno”. Juan Domingo Perón ubicó en ese lugar a las corrientes vinculadas al marxismo, como la Juventud Peronista y organizaciones como Montoneros, a las que acusó de infiltración ideológica y de intentar desvirtuar los principios doctrinarios del movimiento.

En ese sentido, el documento habilitaba una estrategia de confrontación directa. Entre las directivas se establecía impedir la participación de estos sectores en actos públicos “por todos los medios”, bloquear su difusión y utilizar todos los elementos del Estado para reprimir los planes del "enemigo" con todo rigor.

Según el documento, el crimen de Rucci representaba el punto máximo de una ofensiva contra el movimiento. Allí se afirmaba que su asesinato “marca el punto más alto de una escalada de agresiones” llevadas adelante por “grupos marxistas terroristas y subversivos”, a los que se señalaba como responsables de una “verdadera guerra” contra el peronismo.

A partir de ese encuadre, la conducción justicialista estableció una serie de directivas políticas y operativas que implicaban un endurecimiento interno sin precedentes.

El texto declaraba al movimiento en estado de movilización y exigía a todos sus integrantes alinearse sin cuestionamientos. En ese marco, se ordenaba que los sectores que actuaban dentro del peronismo debían definirse públicamente y acatar “sin discusión alguna” las directivas del liderazgo.