El Gobierno nacional dio un nuevo paso en su agenda de desregulación económica. Luego de anunciar el fin progresivo del régimen de Tierra del Fuego a través de la baja de aranceles para la importación de celulares, ahora puso la lupa sobre el mercado de vacunas veterinarias, dominado durante décadas por un único proveedor local.
Mediante la Resolución 333/2025 publicada por el Senasa, se habilita un nuevo esquema para la importación de productos veterinarios registrados en el exterior. Entre los puntos clave, se destaca la aceptación de certificaciones internacionales, la eliminación de exigencias técnicas locales consideradas restrictivas y un nuevo plazo de hasta 90 días hábiles para autorizar productos, reemplazando los extensos procesos que podían demorar hasta dos años.
Golpe al monopolio de Biogénesis Bagó
El cambio regulatorio afecta de lleno al negocio de la vacuna contra la fiebre aftosa, de uso obligatorio en todo el país, cuya provisión estaba en manos de Biogénesis Bagó, el único laboratorio autorizado hasta ahora. El nuevo marco normativo incorpora las recomendaciones de la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia (CNDC), que detectó barreras artificiales que limitaban el ingreso de competidores.
Una de las trabas más controversiales era la exigencia de una prueba denominada Protección a la Generalización Podal (PGP), eliminada en la nueva regulación por ser obsoleta y costosa. También se reconoció como un obstáculo la negativa sistemática del Senasa a aceptar vacunas aprobadas en países con programas sanitarios eficaces, como Paraguay o Uruguay.
Sturzenegger: “Un mercado cerrado elevaba artificialmente los precios”
El ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger, se expresó al respecto a través de redes sociales. Explicó que mientras en Argentina se vendía una única vacuna a 1,20 dólares por dosis, en Paraguay el precio era de 0,35 dólares y en Uruguay de 0,72 dólares. Además, denunció que el mismo laboratorio que abastece el mercado argentino vende más barato en otros países.
Durante una entrevista radial, aseguró que este cambio “le reduce los costos a la cadena ganadera en aproximadamente 100 millones de dólares anuales”. Según indicó, la exigencia de que la vacuna contenga cuatro cepas —dos de las cuales ya no circulan— funcionaba como una traba técnica diseñada para excluir a otros laboratorios.
