En 2023, el Tesoro Nacional, con el dinero de todos los argentinos, tuvo que destinar $301.000 millones para sostenerla.
El vocero presidencial, Manuel Adorni, anunció que el Gobierno de Javier Milei avanzará con la privatización de las rutas actualmente administradas por Corredores Viales, con el objetivo de eliminar posteriormente la empresa estatal. Las nuevas concesionarias implementarán el cobro de peajes para financiar el mantenimiento de las vías.
"El Gobierno Nacional tomó la decisión de privatizar la compañía Corredores Viales Sociedad Anónima bajo la modalidad de concesión de obra pública por peaje, a partir de este modelo se va a promover el desarrollo de obras de infraestructura a través de la participación del sector privado que se va a encargar de ejecutar las obras y gestiones necesarias a su propia cuenta y riesgo a cambio del derecho de exigir el cobro de un peaje a los usuarios", explicó Adorni.
El Gobierno de Milei convocó para finales de febrero una audiencia pública en la que se licitará la conocida como "ruta del Mercosur", que abarca unos 670 kilómetros y fue operada por la firma privada CRUSA durante las últimas tres décadas.
Además, se concesionarán 8.470 kilómetros de rutas actualmente bajo la gestión de Corredores Viales S.A., incluyendo tramos que hasta ahora no estaban concesionados, como la Ruta Nacional 33 en Santa Fe, la Ruta Nacional 18 en Entre Ríos y la variante de la Ruta Nacional 19 en Córdoba. Esta fase del proceso se dividirá en once sectores.
En la actualidad, Corredores Viales S.A. administra, de manera ineficiente, diez tramos de autovías en diversas provincias, entre ellas Santiago del Estero, Tucumán, Salta, Jujuy, Chaco, Buenos Aires, Corrientes, Misiones, San Luis, Córdoba, Santa Fe y Mendoza, además del Acceso Riccheri a la Ciudad de Buenos Aires.
La compañía estatal está incluida en el listado de empresas sujetas a privatización según el Artículo 7 de la Ley de Bases, junto con Intercargo SAU, Energía Argentina S.A. (Enarsa), Agua y Saneamientos Argentinos S.A. (AySA), Sociedad Operadora Ferroviaria S.E. (SOFSE) y Belgrano Cargas y Logística S.A.
Desde el Gobierno de Milei afirmaron que Corredores Viales, en cierto modo, replicaba las funciones de la Dirección Nacional de Vialidad, que opera bajo la órbita de la Secretaría de Transporte del Ministerio de Economía. Esta decisión forma parte del plan para avanzar en la privatización de las concesiones de 9.145 kilómetros de rutas y autopistas a lo largo del país.
Un deficit multimillonario
En 2023, la empresa registró un enorme saldo económico negativo, con una deuda de $142.000 millones con proveedores y pérdidas acumuladas por $268.000 millones. Como resultado, el Tesoro Nacional, con el dinero de todos los argentinos, tuvo que destinar $301.000 millones para su sostenimiento.
A pesar de la considerable inversión estatal, el 45% de la red vial bajo su administración, equivalente a unos 3.400 kilómetros, no se encuentra en condiciones óptimas para la circulación, lo que evidencia el fracaso del modelo de gestión pública en el mantenimiento de la infraestructura vial.
A partir de ahora, la responsabilidad de mejorar estos tramos recaerá en las nuevas concesionarias, que deberán cumplir con estas obligaciones contractuales para obtener el derecho al cobro de peajes.
"Creemos en un Estado que aliente al sector privado a motorizar la infraestructura y la actividad económica del país, es por ello que decidimos abandonar el rol de administrador vial y tomar el rol de promotor de la inversion privada", afirmaron desde el Gobierno.
