Con cuidado, y evaluando diversas opciones, el Gobierno de Javier Milei avanza en la elaboración de un Decreto que permitirá ampliar la capacidad de acción de las Fuerzas Armadas, incluyendo la posibilidad de enfrentar organizaciones terroristas y narcotraficantes, especialmente en áreas fronterizas.
Aunque el texto definitivo aún no está listo, el ministro de Defensa, Luis Petri, junto a su equipo legal, intensificaron en los últimos días el análisis de esta propuesta, que se viene gestando desde el inicio de la administración de Milei.
La decisión de acelerar esta medida surgió tras la difusión de un video en el que cuatro narcoterroristas amenazan con armas de guerra a la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, y al gobernador de Santa Fe, Maximiliano Pullaro.
"A vos señora Bullrich, vieja mafiosa, dejá de embarrar la cancha y echar leña al fuego. Porque estamos internados acá en Buenos Aires, vamos a empezar a dejar muertos acá", amenazó uno de los delincuentes en las imágenes, que ya están bajo investigación judicial.
Al respecto, el vocero presidencial, Manuel Adorni, en su habitual rueda de prensa en la Casa Rosada, aseguró que "lo que pasó fue gravísimo" y confirmó que "indefectiblemente, el Gobierno va a tomar medidas al respecto".
El objetivo central de las autoridades es modificar el Decreto 727, promulgado en 2006 durante el gobierno de Néstor Kirchner, el cual restringe la actuación militar exclusivamente a agresiones de Estados extranjeros, dejando fuera otras amenazas.
Desde su asunción, la administración de Javier Milei buscó otorgar un papel más destacado a las Fuerzas Armadas, modernizando su equipamiento mediante la adquisición de nuevos aviones y vehículos militares, y ampliando sus facultades operativas.
Según fuentes vinculadas al ámbito castrense, a nivel global, se produjo un cambio de paradigma a raíz del atentado que sufrieron las Torres Gemelas en Nueva York el 11 de septiembre de 2001.
En ese contexto, explicaron que la mayoría de los países comprendieron la naturaleza de las nuevas amenazas emergentes, como el aumento de organizaciones terroristas, y la importancia de reforzar la "defensa nacional" para enfrentarlas eficazmente.
Bajo esta perspectiva, "puntos con valor estratégico" para la Argentina, como las centrales nucleares Atucha I y II, situadas en el margen derecho del río Paraná de las Palmas, en el partido bonaerense de Zárate, ciertas represas y edificios institucionales clave, deberían contar con protección militar.
El objetivo del Gobierno de Milei es que, inicialmente, las Fuerzas Armadas puedan apoyar a la Gendarmería Nacional Argentina, la Policía Federal Argentina y otras fuerzas de seguridad en las zonas fronterizas, especialmente en aquellos pasos sin control migratorio, para frenar el ingreso de drogas al país.
El propio ministro Petri adelantó en octubre, durante la Cumbre de Ministros de Defensa de las Américas en Mendoza, que con la reforma del mencionado decreto, las Fuerzas Armadas estarán autorizadas a operar en los límites con países vecinos. Esto permitirá el despliegue de tropas del Ejército en zonas fronterizas con Paraguay, Bolivia y Brasil, realizando labores de control y vigilancia.
Simultáneamente, Javier Milei evalúa modificaciones a la Ley de Seguridad Interior, que podrían habilitar la intervención de las FFAA en casos de terrorismo, incluyendo posibles ataques de grupos como Hamás o Hezbollah.
Argentina fue escenario de dos atentados de gran magnitud: el 17 de marzo de 1992, cuando un ataque contra la Embajada de Israel dejó 29 muertos, y el 18 de julio de 1994, con el atentado a la AMIA, que causó 85 víctimas fatales y dejó cientos de heridos.
Debido a esto, el Gobierno de Milei lleva meses trabajando en reformas tanto de la Ley de Seguridad Interior como de la Ley de Defensa Nacional. Estas reformas permitirían a las Fuerzas Armadas realizar tareas como patrullaje, control de personas y vehículos, y detenciones en flagrancia bajo circunstancias específicas.
Asimismo, se prevé que la intervención militar se active ante situaciones que generen terror en la población y ameriten investigaciones penales, lo que llevó a interpretar que la lucha contra el narcotráfico en Rosario podría justificar dicha intervención. Actualmente, el Ejército ya brinda apoyo en esa ciudad.
