El Gobierno de Javier Milei puso fin a la emergencia en tierras indígenas al derogar un decreto clave, facilitando así la posibilidad de llevar a cabo desalojos en territorios que se encuentren en disputa o conflicto con comunidades indígenas.
Esta decisión quedó formalizada mediante el Decreto 1083/2024, firmado por el presidente Javier Milei y los ministros Guillermo Francos, Gerardo Werthein, Luis Petri, Luis Caputo, Mariano Cúneo Libarona, Patricia Bullrich, Mario Lugones, Sandra Pettovello y Federico Sturzenegger.
En el documento se derogaron tanto la Ley Nº 26.160 como el Decreto Nº 805 del 17 de noviembre de 2021, que extendían la emergencia hasta noviembre de 2025.
En los fundamentos, el Ejecutivo destacó que esta medida excepcional se mantuvo vigente durante 18 años, restringiendo "impide el libre ejercicio de las actividades productivas y recreativas sobre las tierras involucradas, así como también limita el derecho a la disposición de dichos bienes".
Asimismo, el texto oficial señaló que "la Ley N° 26.160 y la prórroga excesiva de la emergencia, ha dado lugar a una larga serie de acciones que, en connivencia con grupos amparados circunstancialmente bajo normativa aplicable a pueblos indígenas, avasallaron los derechos de la ciudadanía y agraviaron las prerrogativas soberanas del Estado".
El segundo artículo de la ley suspendía los desalojos en tierras ocupadas por estas comunidades desde 2006. Sin embargo, el Ejecutivo afirmó que "se ha hecho un uso abusivo, subjetivo y discrecional del reconocimiento previsto por la ley en cuestión, por parte de las comunidades indígenas, las cuales en muchos casos se fragmentan tornando inoficioso el objetivo para el cual fue inicialmente prevista la declaración de emergencia".
La decisión llega en un contexto de conflictos recientes, como los ocurridos en Chubut, donde grupos mapuches han litigado para evitar desalojos en espacios ocupados ilegalmente, como el Parque Nacional Los Alerces.
En 2020, el grupo mapuche Lof Paillako, liderada por el terrorista Ernesto Cruz Cárdenas, irrumpió de manera violenta en la seccional de guardaparques El Maitenal, la antigua población Felidor Salinas y el valle del arroyo Cascada, ubicados en el corazón del Parque Nacional Los Alerces. Allí, tomaron control del área y procedieron a construir galpones y viviendas.
Durante la gestión kirchnerista, la Administración de Parques Nacionales adoptó una postura "conciliadora" frente a los terroristas mapuches, accediendo a sus reclamos, sin plantear la posibilidad de desalojar a los ocupantes. Sin embargo, en la actualidad, la Justicia está elaborando un plan para recuperar el predio.
El Gobierno de Milei, por su parte, justificó la reciente derogación de la ley mencionando "la situación precaria de los legítimos propietarios o poseedores que en muchos casos han sido desplazados durante DIECIOCHO (18) años sin derecho a reclamar ante la justicia, así como la seguridad jurídica imprescindible para poner en marcha el desarrollo del país, justifican la inmediatez de los efectos del presente".
Esta decisión se enmarca en una serie de definiciones recientes adoptadas por la administración libertaria respecto a su posición sobre los grupos indígenas. En esa línea, días atrás, el Ejecutivo optó por no respaldar una Resolución de la Asamblea General que promovía los "derechos" de las comunidades originarias, los cuales claramente violaban la soberanía del Estado argentino.
Con esta postura, Argentina reafirma la línea política de Javier Milei, que marca distancia de iniciativas como la Agenda 2030 y el Pacto del Futuro.
