El plan contempla la creación de una policía con facultades de detención en los ingresos al país.
Compartir:
El Gobierno de Javier Milei está preparando un decreto para transformar de manera integral la Dirección Nacional de Migraciones y alinearla con el modelo que utiliza Estados Unidos en materia de control fronterizo y política migratoria.
La iniciativa busca otorgar al organismo, hasta ahora de perfil administrativo, nuevas capacidades operativas, incluida la creación de una policía interna con facultades de detención en los puntos de ingreso al país.
La administración libertaria pretende que esta futura estructura intervenga directamente en procesos de deportación de inmigrantes con antecedentes, alertas o irregularidades migratorias, aunque sin convertirse en una nueva fuerza federal. La idea oficial es que el nuevo cuerpo funcione de manera complementaria a la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA), evitando superposición de tareas.
Javier Milei, presidente de los argentinos.
“Forma parte de lo que venimos hablando con el Homeland Security”, señalan en el Gobierno, según reveló TN. Este giro se enmarca en el acuerdo de entendimiento firmado por el presidente Javier Milei en julio durante la visita de la funcionaria estadounidense Kristi Noem, paso clave para la eventual incorporación de la Argentina al Programa Visa Waiver.
A ese convenio se suman compromisos vinculados a regulaciones migratorias y aduaneras, estas últimas bajo la órbita de la Dirección General de Aduanas, en ARCA, que conduce Juan Pazo.
El Gobierno de Milei observa de cerca a los organismos estadounidenses dedicados a estas funciones. Entre ellos se destacan los Servicios de Ciudadanía e Inmigración (USCIS), orientados a los trámites y procesos migratorios; Inmigración y Control de Aduanas (ICE), responsable de las detenciones e investigaciones por violaciones migratorias; y la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP), que concentra el control de ingresos, las inspecciones en frontera y la operación de la Patrulla Fronteriza.
La reforma proyectada para Migraciones se inscribe en una serie de modificaciones más amplias. En julio, el Gobierno ya había reformado la estructura de las cuatro fuerzas federales, redefiniendo sus marcos orgánicos, misiones, jerarquías y funciones. Ese rediseño se modeló también sobre agencias estadounidenses, como la Guardia Nacional (NGUS), la Administración de Seguridad en el Transporte (TSA) y la Guardia Costera (USCG).
ICE.
En ese mismo paquete, la Policía Federal Argentina fue reconvertida en un cuerpo de investigación con lógica similar al FBI, mediante la creación del Departamento Federal de Investigaciones (DFI) y una nueva carrera de “Investigador del Delito para Profesionales”.
La PSA, por su parte, amplió competencias en tareas de prevención en entornos digitales sin autorización judicial y en la elaboración de inteligencia criminal. Además, se creó el Comité Nacional de Seguridad Aeroportuaria, integrado por la PSA, Migraciones, la Aduana y la ANAC, para fortalecer protocolos y controles en aeropuertos.
La reforma migratoria
Paralelamente, el Gobierno de Milei ya había avanzado en mayo con un decreto de reforma migratoria que modificó el acceso a la salud pública, la educación, los criterios de residencia, las causales de rechazo y los procedimientos de deportación.
Entre los cambios destacados figuran el endurecimiento de los requisitos de ingreso, la limitación de la validez de la “residencia precaria”, la instauración de declaraciones juradas obligatorias y la habilitación de rechazos en frontera con prohibiciones de reingreso que no podrán ser inferiores a cinco años.
Con el nuevo decreto en preparación, la administración libertaria busca consolidar una política migratoria con un control más estricto y con mayores herramientas operativas, alineado a los estándares que el Gobierno de Milei toma como referencia en Estados Unidos.
