El Poder Ejecutivo definió criterios más amplios de inelegibilidad para proveedores y contratistas del Estado Nacional.
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El Gobierno de Javier Milei oficializó una modificación en el régimen de licitaciones y contrataciones del Estado que amplía las restricciones para participar en procedimientos de obras, bienes y servicios, con el objetivo de impedir el acceso a empresas vinculadas a hechos de corrupción y a conductas fraudulentas.
Con la nueva normativa, el Poder Ejecutivo definió criterios más amplios de inelegibilidad para proveedores y contratistas del Estado Nacional. A partir de ahora, no podrán participar de licitaciones aquellas empresas relacionadas con casos de corrupción ni las que registren conductas “fraudulentas, colusorias, coercitivas y obstructivas, entre otras”, según detalla el texto oficial.
El decreto dispone que los organismos estatales deberán analizar las ofertas recibidas y verificar que los oferentes no se encuentren incluidos en los listados de inhabilitaciones elaborados por organismos internacionales, en particular el Banco Mundial y el Banco Interamericano de Desarrollo (BID). De esta manera, se incorpora un control adicional basado en estándares utilizados a nivel internacional para prevenir irregularidades en la contratación pública.
En los fundamentos de la medida, el Gobierno de Milei sostuvo que “la contratación pública debe desarrollarse en un marco de integridad, transparencia, eficiencia y rendición de cuentas”.
El presidente Javier Milei.
En el mismo sentido, el texto remarca: “La República Argentina debe adoptar las medidas necesarias tendientes a asegurar la efectividad del mecanismo de exclusión. La corrupción deteriora la confianza en las instituciones públicas, afecta los servicios y prestaciones que debe brindar el Estado a los ciudadanos, distorsiona los incentivos y conduce al uso ineficiente de los recursos públicos, debilitando el crecimiento y el desarrollo”.
El decreto también hace referencia al rol del Estado en la prevención y sanción de prácticas ilícitas en el ámbito de las contrataciones. En ese punto, se señala que corresponde “implementar medidas a los fines de disuadir, prevenir y combatir el cohecho transnacional pueden ser de tipo penal, civil o administrativo, incluyendo entre estas últimas la exclusión, inhabilidad o inelegibilidad en procedimientos de selección para adjudicar contratos públicos”.
Uno de los cambios relevantes introducidos por la nueva normativa es la eliminación de una referencia específica que figuraba en el régimen anterior. Hasta ahora, la inelegibilidad estaba restringida a prácticas de corrupción definidas en la Convención de la Organización de Cooperación y Desarrollo Económicos (OCDE) para Combatir el Cohecho a Funcionarios Públicos Extranjeros. Con el decreto 5/2026, esa limitación fue eliminada, lo que amplía el alcance de las causales de exclusión.
La corrupción kirchnerista
La decisión se da en un contexto marcado por la condena judicial a Cristina Kirchner en la causa Vialidad, que investigó irregularidades en la adjudicación de obras viales en la provincia de Santa Cruz entre los años 2003 y 2015, durante los primeros tres gobiernos kirchneristas.
Javier Milei.
Según determinó la Justicia, la maniobra fraudulenta incluyó la adjudicación de contratos públicos amañados, el otorgamiento anticipado de adelantos financieros millonarios sin justificación, el abandono de obras sin aplicación de penalidades y ampliaciones de plazos consideradas injustificadas.
En paralelo, el Gobierno de Milei recordó que desde el año pasado se modificó el registro de empresas habilitadas para participar en licitaciones de obras públicas. Actualmente, las firmas deben inscribirse en el Sistema de Información de Cocontratantes (SICO), una plataforma que unifica y moderniza los mecanismos de inscripción y calificación de contratistas del Estado.
Estas modificaciones se enmarcan en un proceso más amplio de reordenamiento del rol del Estado en la economía y de avance en un plan de privatizaciones. En ese sentido, a fines del año pasado el Gobierno abrió el concurso para la venta de acciones de Transener, la principal empresa transportadora de energía del país, considerado un paso clave hacia la privatización de Enarsa. Asimismo, el Ejecutivo avanza con la segunda etapa de concesión de rutas nacionales.
