En el marco de la Ley de Modernización Laboral recientemente aprobada por el Congreso, el Ejecutivo dejó expresamente establecido que las disposiciones de la norma no serán aplicables a quienes se encuentren en contexto de encierro. La definición abre la puerta a una nueva reglamentación que buscará terminar con la equiparación entre internos y trabajadores del mercado formal.
La decisión comenzó a gestarse durante la gestión de la ex ministra de Seguridad Patricia Bullrich y ahora será profundizada por su sucesora, Alejandra Monteoliva. El objetivo es evitar que continúen aplicándose fallos judiciales que obligaron al Estado a pagar aguinaldo, vacaciones y jornadas completas de ocho horas a detenidos, aun cuando no hubieran trabajado la totalidad de ese tiempo.
