El Gobierno de Javier Milei, a través del Ministerio de Defensa liderado por Luis Petri, activó formalmente la Operación “Julio Argentino Roca”, un ambicioso y riguroso operativo castrense que despliega más de 10.000 efectivos de las Fuerzas Armadas en zonas rurales y alejadas de los centros urbanos del norte y noreste argentino. La operación busca recuperar el control del territorio, obtener inteligencia estratégica y fortalecer la defensa nacional en zonas históricamente vulneradas por el crimen organizado y el narcotráfico.
La decisión fue respaldada por el Decreto 1112/2024 y la Ley de Defensa Nacional, en el marco de un nuevo paradigma de seguridad que impulsa el gobierno libertario. La iniciativa cuenta con hasta 1.300 militares desplegados permanentemente, equipados con drones de última generación, radares móviles, helicópteros, comunicaciones tácticas y un avión Diamond destinado a tareas de reconocimiento y vigilancia.
Patricia Bullrich y Luis Petri.
El personal involucrado fue capacitado bajo estrictas Reglas de Empeñamiento y recibió nuevo equipamiento de protección individual, lo que garantiza una acción efectiva y proporcional en terreno. El despliegue será dinámico, adaptándose a las distintas realidades operativas de la frontera norte, especialmente en la provincia de Salta, donde se integrará de forma sinérgica al Plan Güemes, liderado por el Ministerio de Seguridad.
El pasado viernes, en el Escuadrón 52 de Gendarmería Nacional en Tartagal, la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, presentó la nueva fase del Plan Güemes. La funcionaria no dudó en plantear con claridad los objetivos del gobierno: “Muchos vecinos viven con miedo o conviven con criminales. Tenemos identificadas a cada una de las bandas que operan en esta zona y vamos a desmantelarlas una por una”.
Como parte de esta ofensiva sin tregua, se declaró a Orán y Aguas Blancas como zonas especiales de investigación, al amparo de la Ley Antimafia, una medida que permitirá a los jueces federales y provinciales utilizar herramientas judiciales excepcionales para desarticular redes delictivas. “Ni un milímetro del suelo argentino puede estar bajo control de las bandas criminales. Vamos a liberar cada rincón que haya sido tomado por el narcotráfico y devolverle la legalidad al pueblo”, enfatizó Bullrich.
El plan de seguridad incorpora también a las localidades de Tartagal, Aguaray y Salvador Mazza, ampliando su alcance territorial en un esquema integral que refuerza la soberanía nacional. La ministra recordó que esta política de Estado surge como respuesta a los alarmantes niveles de violencia registrados en 2023, año en el que se contabilizaron siete asesinatos por sicariato en Orán y Aguas Blancas.
El Estado argentino está recuperando equipos tecnológicos que fueron abandonados.
“El Estado argentino tiene que ser la solución al problema y no parte del problema. Eso es lo que marca un verdadero cambio de época”, sentenció Bullrich ante la ovación de autoridades y fuerzas vivas del norte salteño.
En paralelo, el gobierno avanza en un acuerdo bilateral con Bolivia para establecer un sistema conjunto de vigilancia del espacio aéreo, que permitirá interceptar vuelos ilegales en tiempo real. “Con cooperación, tecnología y decisión política, vamos a recuperar el control total de nuestras fronteras”, afirmó Bullrich. Este entendimiento se inscribe en un renovado impulso diplomático que busca fortalecer la lucha regional contra el crimen transnacional.
En palabras de la ministra, el norte argentino ya no será más tierra de nadie: “Vamos zona por zona. Vamos a fondo. Queremos un país seguro, donde cada argentino viva sin miedo”.
El acto oficial contó con la presencia del ministro de Justicia y Seguridad de Salta, Gaspar Solá Usandivaras, junto a los intendentes de Tartagal, Franco Hernández Berni; de Mosconi, Ana Guerrero Pala; de Aguaray, Guillermo Alemán; y de Salvador Mazza, Gustavo Subuelza, así como representantes de todas las fuerzas y estamentos del Estado.
