La Justicia de Córdoba ordenó un embargo del 33% sobre la coparticipación de Cosquín por un litigio histórico. El juez Miguel Ángel Martínez Conti dispuso retener $160 millones mensuales de los fondos que envía la Provincia. Esta medida pone en jaque las finanzas locales y amenaza con paralizar los servicios básicos de la ciudad.
El intendente Raúl Cardinali calificó el fallo como "totalmente confiscatorio" para las arcas municipales. Advirtió que la quita de recursos compromete el futuro de los vecinos por los próximos veinte años. La administración actual enfrenta un escenario límite para sostener el sistema de salud y la recolección de residuos.
El municipio recibe habitualmente unos $500 millones para cubrir sus gastos operativos y corrientes. Con este recorte judicial, la gestión pierde un tercio de su liquidez en un contexto económico desafiante. Cardinali aseguró que, de prosperar la medida, deberían "entregar la llave" a los demandantes y al juez.
Origen de una deuda millonaria y ajena
El conflicto financiero se remonta a 2001 por una maniobra realizada durante la gestión del exintendente Bustos. El municipio actuó como garante de créditos a empleados, descontando las cuotas pero sin girarlas a la financiera. Esos fondos retenidos nunca llegaron a destino, generando un pasivo que creció exponencialmente por los intereses.
