La Justicia de Córdoba ordenó un embargo del 33% sobre la coparticipación de Cosquín por un litigio histórico. El juez Miguel Ángel Martínez Conti dispuso retener $160 millones mensuales de los fondos que envía la Provincia. Esta medida pone en jaque las finanzas locales y amenaza con paralizar los servicios básicos de la ciudad.
El intendente Raúl Cardinali calificó el fallo como "totalmente confiscatorio" para las arcas municipales. Advirtió que la quita de recursos compromete el futuro de los vecinos por los próximos veinte años. La administración actual enfrenta un escenario límite para sostener el sistema de salud y la recolección de residuos.
El municipio recibe habitualmente unos $500 millones para cubrir sus gastos operativos y corrientes. Con este recorte judicial, la gestión pierde un tercio de su liquidez en un contexto económico desafiante. Cardinali aseguró que, de prosperar la medida, deberían "entregar la llave" a los demandantes y al juez.
Raúl Cardinali, intendente de Cosquín
Origen de una deuda millonaria y ajena
El conflicto financiero se remonta a 2001 por una maniobra realizada durante la gestión del exintendente Bustos. El municipio actuó como garante de créditos a empleados, descontando las cuotas pero sin girarlas a la financiera. Esos fondos retenidos nunca llegaron a destino, generando un pasivo que creció exponencialmente por los intereses.
La deuda original oscilaba entre 200 y 600 mil dólares, pero hoy el reclamo escala a seis millones de dólares. El reconocimiento del pasivo se firmó dos meses antes del cambio de gobierno y sin pasar por el Concejo.
El litigio actual incluye dos reclamos millonarios que presionan sobre los contribuyentes de Cosquín.Ricardo Biasotti exige $5.500 millones, mientras que el abogado Andrés Díaz Yofre pide $1.100 millones en honorarios. El embargo avanza sobre fondos públicos que, por normativa vigente, suelen estar protegidos por la inembargabilidad.
Municipalidad de Cósquín
Respaldo político de la región
La gravedad institucional del fallo motivó una reacción en bloque de 20 intendentes del departamento Punilla. Los jefes comunales firmaron un documento conjunto rechazando la medida judicial por considerarla un peligroso precedente.
La actual administración ya presentó dos acciones judiciales para frenar el embargo y revisar la deuda original. Buscan declarar la nulidad del acuerdo firmado por la gestión anterior que no tuvo aval legislativo. El intendente adelantó que pelearán hasta el final para evitar el colapso operativo de la ciudad.
La gravedad institucional del fallo motivó una reacción en bloque de 20 intendentes del departamento Punilla.
