Gracias al trabajo de Quirno y Global Center for Human Rights, se consolida un bloque provida latinoamericano en la ONU

De acuerdo con GCHR, los seis países marcaron distancia respecto de las interpretaciones que vinculan los derechos sexuales y reproductivos con el aborto y reafirmaron la importancia de respetar las competencias soberanas de los Estados en estas cuestiones.

El papel de Quirno y Global Center for Human Rights

La articulación regional se produce en el marco de la orientación diplomática impulsada por el Gobierno de Javier Milei, que incorporó la defensa de la vida, la familia, la libertad y la soberanía entre los principios de su política exterior. Desde la Cancillería, Pablo Quirno viene promoviendo una agenda internacional vinculada con estos principios, en coincidencia con el trabajo desarrollado por Global Center for Human Rights en los organismos multilaterales.

La fundación destacó el resultado de las negociaciones como un acontecimiento histórico y sostuvo que los países latinoamericanos comenzaron a actuar de manera coordinada frente a iniciativas internacionales relacionadas con el aborto y la ideología de género.

La posición conjunta de Argentina, Paraguay, Colombia, Perú, Chile y Costa Rica representa un nuevo escenario de articulación regional dentro de Naciones Unidas, donde las seis delegaciones buscaron defender sus respectivas posiciones sobre la vida, la familia y la soberanía frente a las iniciativas debatidas en el Consejo de Derechos Humanos.

Según destacó Global Center for Human Rights, las delegaciones latinoamericanas se desvincularon explícitamente de determinados términos utilizados en los documentos, rechazaron que el aborto sea considerado parte de los derechos sexuales y reproductivos, reafirmaron una concepción binaria del género, basada en los conceptos biológicos de hombre y mujer, y defendieron el derecho de los padres a educar a sus hijos.

La disputa por el aborto y la ideología de género en Naciones Unidas

Uno de los principales enfrentamientos diplomáticos se produjo durante las negociaciones de una resolución sobre el acceso al agua potable y al saneamiento, que también incluía referencias a la "salud menstrual" y los derechos sexuales y reproductivos. Estos conceptos generaron objeciones entre las delegaciones latinoamericanas, que cuestionaron su incorporación a un documento cuyo objetivo principal era garantizar el acceso al agua potable.