La aritmética parlamentaria obliga al Gobierno a buscar apoyos en la UCR, el PRO y bloques provinciales. En ese marco, el Ministro de Interior, Diego Santilli, viene manteniendo reuniones con distintos gobernadores para ordenar el voto de sus legisladores y facilitar acuerdos políticos.
El principal punto de tensión es el costo fiscal de la reforma, estimado en torno a un punto del PBI, producto de la baja impositiva que reparte impacto entre Nación y provincias. Los gobernadores reclaman algún mecanismo de compensación, mientras que el Ministro de Economía, Luis Caputo, mantiene una línea clara de no comprometer el equilibrio fiscal ni aumentar impuestos.
Sin embargo, lejos de confrontar, el oficialismo optó por una estrategia pragmática. Se sentó a la mesa de negociación, aceptó concesiones incómodas y priorizó un objetivo mayor. La Casa Rosada entiende que la aprobación de la reforma laboral es una condición necesaria para sostener el crecimiento y profundizar la normalización de la economía.
