El presidente Javier Milei convocó al Congreso a sesiones extraordinarias mediante decreto. Se fijó un período que se extenderá hasta el 27 de febrero, con la apertura de las sesiones ordinarias prevista para el 1 de marzo.
El temario definido por el Poder Ejecutivo incluye proyectos estratégicos para la consolidación del programa económico. Está constituido por la reforma laboral, modificaciones en la Ley de Glaciares, el tratamiento del acuerdo Mercosur–Unión Europea y pliegos diplomáticos.
La convocatoria busca sostener el impulso reformista del Gobierno en un Congreso fragmentado. El oficialismo conforma la primera minoría (tanto en Diputados como Senadores), y se encuentra con capacidad de articular acuerdos.
La reforma laboral, primer gran test político del año
Dentro de esa agenda, la reforma laboral se convirtió en el primer gran test político de 2026 para el Gobierno. El proyecto ya cuenta con dictamen de mayoría en el Senado y el oficialismo apunta a sancionarlo antes de mediados de febrero. La estrategia parlamentaria está en manos de Patricia Bullrich, Jefa del bloque de La Libertad Avanza en la Cámara alta.
El oficialismo cuenta con 21 senadores propios, lejos del quórum requerido de 37 bancas, lo que obliga a una negociación intensa con bloques "dialoguistas". La fecha tentativa para sesionar es el 11 de febrero, con alternativa el día 12, aunque todo dependerá de los acuerdos que se cierren en las próximas horas.
La aritmética parlamentaria obliga al Gobierno a buscar apoyos en la UCR, el PRO y bloques provinciales. En ese marco, el Ministro de Interior, Diego Santilli, viene manteniendo reuniones con distintos gobernadores para ordenar el voto de sus legisladores y facilitar acuerdos políticos.
El principal punto de tensión es el costo fiscal de la reforma, estimado en torno a un punto del PBI, producto de la baja impositiva que reparte impacto entre Nación y provincias. Los gobernadores reclaman algún mecanismo de compensación, mientras que el Ministro de Economía, Luis Caputo, mantiene una línea clara de no comprometer el equilibrio fiscal ni aumentar impuestos.
Sin embargo, lejos de confrontar, el oficialismo optó por una estrategia pragmática. Se sentó a la mesa de negociación, aceptó concesiones incómodas y priorizó un objetivo mayor. La Casa Rosada entiende que la aprobación de la reforma laboral es una condición necesaria para sostener el crecimiento y profundizar la normalización de la economía.
