Jorge D’Onofrio, el ultra kirchnerista ministro de Transporte de la provincia de Buenos Aires, fue imputado por presunto lavado de dinero en el marco de una investigación vinculada a las concesiones de la Verificación Técnica Vehicular (VTV). En este contexto, la Justicia ordenó el levantamiento de su secreto fiscal y bancario.
El magistrado Adrián González Charbay, quien está al frente del Juzgado Federal de Campana, lidera las pesquisas sobre posibles irregularidades en contratos otorgados durante la gestión del funcionario, muy cercano al gobernador kirchnerista Axel Kicillof.
Por otro lado, Sebastián Desio, asociado al ministro bonaerense, enfrenta cargos por supuestamente haber gestionado contratos para prestar servicios tecnológicos a las concesionarias, obteniendo un 8,5% más IVA de cada tarifa aplicada a las inspecciones.
Según las investigaciones, las concesionarias habrían sido favorecidas por resoluciones emitidas desde el Ministerio de Transporte, lo que generó sospechas de enriquecimiento ilícito y lavado de activos.
Axel Kicillof y Jorge D’Onofrio.
Dentro del mismo caso, que está siendo tramitado en los tribunales de La Plata, también se acusa a Jorge D’Onofrio de formar parte de una red de gestores clandestinos que eliminaban multas a infractores a cambio del pago de un porcentaje determinado.
De acuerdo con las denuncias, estas maniobras habrían causado importantes pérdidas económicas al sistema público, mientras que los involucrados obtenían beneficios personales significativos.
De esta manera, además, Jorge D’Onofrio sería la cabeza de un esquema de corrupción para quedarse con el 10% de la recaudación del control de casi 3.000.000 de vehículos.
Sergio Massa y Jorge D’Onofrio.
Otras personas involucradas
Otra persona señalada en este entramado es Claudia Pombo, presidente del Concejo Deliberante de Pilar y estrecha colaboradora de D’Onofrio. Se le acusa de supervisar las actividades de los gestores encargados de manipular las sanciones de tránsito.
Pombo también habría recibido comisiones por la eliminación de multas y cuenta con antecedentes por peculado, lo que generó críticas desde la oposición y otros sectores políticos, incrementando la polémica en torno a este escándalo de corrupción.
Finalmente, Mario Quattrochi, juez de faltas, también está implicado. Se le acusa de eliminar infracciones a cambio de sobornos. La fiscalía lo imputa por defraudar al Estado y por incumplir sus deberes como funcionario judicial.
