En medio del creciente escándalo por la injerencia extranjera en la política argentina, el embajador de Estados Unidos en el país, Peter Lamelas, lanzó un mensaje contundente tras conocerse el esquema de financiamiento ilegal ruso a medios locales: “¡Esto es INACEPTABLE y debe investigarse exhaustivamente!”. La declaración marca un fuerte posicionamiento internacional frente a un caso que ya trasciende las fronteras nacionales y se instala como un episodio de gravedad institucional. El pronunciamiento del diplomático se produce en el contexto de una investigación que reveló la existencia de una estructura coordinada desde Rusia que, desde 2024, desplegó una campaña sistemática de desinformación en Argentina. El objetivo, según los documentos filtrados, fue desacreditar al Gobierno de Javier Milei, influir en la opinión pública y amplificar la polarización política, utilizando herramientas tecnológicas, financiamiento externo y operadores locales.
El informe detalla la publicación de al menos 250 artículos pagos en más de 20 medios digitales, con contenidos críticos del plan económico y la política exterior del oficialismo, así como mensajes favorables a Rusia y contrarios a Estados Unidos. Entre los medios alcanzados figuran C5N, Ámbito, Diario Con Vos, El Destape, Big Bang News, Diario Registrado, A24, Realpolitik, Política Argentina, Tiempo Argentino, Grito del Sur, El Cronista, Infocielo y Data Clave, entre otros. Uno de los aspectos más alarmantes del esquema fue la utilización de periodistas falsos creados con inteligencia artificial, diseñados para otorgar apariencia de legitimidad a los contenidos. Casos como el de Manuel Godsin, cuya identidad fue completamente desmentida, o los perfiles ficticios de Gabriel Di Taranto, Juan Carlos López y Marcelo Lopreiatto, evidencian el nivel de sofisticación de la maniobra.

En términos económicos, los documentos revelan cifras concretas que dan cuenta del alcance de la operación: en un solo medio se identificaron 26 artículos por un total de 28.600 dólares, mientras que en otro se registraron 17 publicaciones por 32.500 dólares, lo que confirma la existencia de un flujo sostenido de recursos destinados a influir en la agenda pública argentina.
El impacto del caso también alcanzó a estructuras internas de medios. En A24, el periodista Pablo Winokur fue señalado como presunto autor de diez notas financiadas por Rusia, lo que derivó en la apertura de un sumario interno y en la decisión del medio de ponerse a disposición de la Justicia. Por su parte, en Infobae, el gremialista Juan Pablo Piscetta habría publicado dos artículos vinculados a esta red, por los cuales habría recibido cerca de 1000 dólares, generando un fuerte conflicto dentro de la redacción.









