El Ejército Argentino inició una investigación judicial tras recibir un correo electrónico anónimo que aseguraba tener acceso a datos personales de aproximadamente 50.000 integrantes de la institución.
Esta advertencia, que encendió las alarmas en distintos niveles del Estado, derivó en una denuncia formal radicada el 8 de mayo ante la División de Delitos Informáticos de la Policía Federal Argentina.
Según informaron fuentes oficiales, el mensaje anónimo afirmaba poseer información sensible relacionada con personal militar. A raíz de ello, se puso en marcha una investigación judicial y se aplicaron medidas preventivas para proteger los sistemas administrativos.
El Ejército investiga un posible hackeo.
Pese a la gravedad del contenido del correo, no se adjuntaron pruebas que confirmaran la veracidad de la amenaza, aunque la difusión del caso en redes sociales, especialmente en la plataforma X, generó inquietud entre expertos y entidades dedicadas a la ciberseguridad.
Los datos presuntamente comprometidos incluirían información de carácter administrativo como nombres completos, números de DNI, registros sobre destinos asignados, condecoraciones, títulos y datos de familiares. Desde el Ejército aclararon que la mayor parte de esta información está contenida en legajos que, en muchos casos, son de acceso público. Además, remarcaron que no se detectaron ciberataques en los sistemas operativos sensibles ni en la infraestructura crítica de la fuerza.
El caso fue elevado a distintas áreas del Gobierno nacional. El Ministerio de Defensa, a cargo de Luis Petri, y el Ministerio de Seguridad, conducido por Patricia Bullrich, siguen de cerca la evolución del expediente. También se involucró la Secretaría de Inteligencia del Estado (SIDE), bajo la dirección de Sergio Neiffert, cuya área de Ciberseguridad está colaborando con el análisis técnico de los posibles vectores de intrusión.
Investigan un posible hackeo al Ejército.
En paralelo a la causa judicial, el Ejército trabaja en la ampliación de la denuncia con nuevos elementos que podrían aportar claridad sobre lo ocurrido. El objetivo principal es determinar si efectivamente se produjo una vulneración, identificar a los posibles responsables y evaluar el grado de exposición de la información comprometida.
La investigación, que se encuentra bajo la órbita de la Justicia Federal, continúa su curso y se espera que en los próximos días surjan avances que aporten mayor claridad al caso.
Este episodio pone en evidencia la creciente relevancia de la ciberseguridad dentro de instituciones estratégicas como las Fuerzas Armadas, donde la protección de datos administrativos y operativos es esencial.
