El boliviano Evo Morales denunciado en la Argentina por crímenes de lesa humanidad

Otro caso citado es el de Rosario Canedo, ex ministra de la Corte Suprema de Justicia, quien denunció haber sido procesada sin pruebas tras liberar a un ex prefecto opositor. El caso, admitido por la CIDH en 2022 mediante el Informe 192/22, se apoya en violaciones al derecho a la integridad personal, propiedad privada, garantías judiciales, igualdad ante la ley y protección de la honra y la dignidad, entre otros.

Según el escrito, el Estado boliviano fue formalmente notificado en todos los casos, sin que se produjera avance alguno. Esta inacción judicial y connivencia estatal justificarían, según los denunciantes, la intervención de la Justicia argentina bajo el principio de jurisdicción universal en materia de crímenes de lesa humanidad. Ya existen antecedentes similares, como la imputación contra Nicolás Maduro por parte de tribunales argentinos.

“La falta de garantías judiciales en Bolivia torna inoperante cualquier intento de justicia local, motivo por el cual esta acción ante tribunales argentinos resulta necesaria”, sostienen los denunciantes. El documento recuerda, además, que organismos internacionales como Human Rights Watch y Amnistía Internacional alertaron sobre el uso de la justicia penal como herramienta de persecución política bajo el mando de Morales.

En paralelo a esta nueva embestida judicial internacional, Evo Morales insiste con su postulación presidencial de cara a las elecciones del próximo agosto, a pesar de estar inhabilitado por el Tribunal Constitucional, que prohíbe la reelección continua.

El expresidente de Bolivia, Evo Morales Ayma, enfrenta una grave denuncia penal por delitos de lesa humanidad presentada ante los tribunales federales argentinos. La acusación, impulsada por el Foro Argentino por la Democracia en la Región (FADER) y respaldada por víctimas bolivianas de su régimen, recayó por sorteo en el Juzgado Federal N.º 5, a cargo de la jueza María Eugenia Capuchetti.

El extenso documento de 45 páginas, al que accedieron los medios, sistematiza 21 casos admitidos por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) por graves violaciones cometidas durante los casi 14 años de gobierno de Morales (2006-2019). Se lo acusa de fomentar un sistema autoritario donde se disolvió la independencia judicial, se reprimió violentamente a opositores y se silenció a la prensa.

Uno de los ejemplos más contundentes es el caso del alemán Dirk Schmidt, exfuncionario del gobierno de Santa Cruz, presentado por el oficialismo como un supuesto “terrorista” involucrado en un alzamiento armado. La denuncia revela que el Ministerio de Gobierno boliviano presentó falsas acusaciones contra él, incluyendo organización criminal, sedición, usurpación de funciones públicas y legitimación de ganancias ilícitas.

La postulación de Morales generó fricciones con el actual presidente Luis Arce, quien le pidió públicamente que desista de competir para evitar “la división del voto popular”. Morales respondió con una larga declaración publicada en su cuenta oficial en X (@evoespueblo), reafirmando su ambición electoral y su rechazo al fallo constitucional:

"Solo el pueblo puede pedirme que decline la candidatura. No tenemos ambiciones personales. Vamos a obedecer el mandato del pueblo para salvar, otra vez, Bolivia. Nunca renunciaremos a nuestra conciencia revolucionaria. Con la fuerza del pueblo seguimos de pie.

Una vez más convocamos a los hermanos y hermanas que se alejaron, a que vuelvan a la familia, a la cuna de la verdadera revolución, para que, juntos y unidos, triunfemos en las urnas y reconstruyamos la patria destruida.

Ya demostramos que sabemos gobernar garantizando la estabilidad y crecimiento económico. Con nosotros nunca faltó combustible ni dólares; durante 14 años mantuvimos un solo tipo de cambio; distribuimos la riqueza del Estado al pueblo, en obras y bonos; y defendimos nuestros recursos naturales ante la voracidad del Imperio y sus transnacionales."