Desde su llegada al poder, el gobierno de Javier Milei avanzó con una de las transformaciones más profundas sobre el aparato estatal en décadas. En el marco de su política de “motosierra”, orientada a sostener el superávit fiscal, la administración nacional logró eliminar —en promedio— un empleo público cada 18 minutos, generando un ahorro total estimado en US$2505 millones. El ajuste comenzó en diciembre de 2023 y, hasta febrero de 2026, implicó la baja de 65.528 puestos de trabajo en la administración nacional, lo que representa una reducción del 13% del empleo público. Los datos surgen de informes mensuales del Ministerio de Desregulación y Transformación del Estado, que evidencian un recorte sostenido y sin interrupciones: todos los meses se registraron caídas respecto del período anterior.
La magnitud del proceso se vuelve aún más contundente al desagregar las cifras: desde el 10 de diciembre de 2023 hasta el 28 de febrero de 2026, el Estado se redujo en casi 81 cargos por día, 3,4 por hora, y uno cada 18 minutos. Un ritmo constante que refleja la decisión política de achicar el gasto público como eje central del programa económico libertario. Según el informe oficial, “hasta febrero de 2026, la reducción de personal en el sector público generó un ahorro en sueldos de US$1252 millones. Se estima, con amplio consenso, que el costo total de cada empleado duplica su salario debido a gastos en infraestructura laboral, tales como el espacio de oficina, mobiliario, equipos electrónicos, suministros y servicios varios. Teniendo en cuenta estos factores, el ahorro total alcanzaría los US$2505 millones".

En paralelo, los datos del Instituto Nacional de Estadística y Censos presentan cifras similares, aunque con leves diferencias metodológicas: contabilizan 64.521 cargos eliminados, con una caída desde 341.473 puestos en diciembre de 2023 a 276.952 en febrero de 2026. Solo en ese último mes, la reducción fue de 1737 cargos, equivalente a un 0,6% menos que en enero.
El recorte no fue homogéneo. La administración descentralizada —que incluye organismos como el Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas, la Administración Nacional de la Seguridad Social y el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria— concentró el 34% de la reducción total, con 22.227 cargos menos. Le siguieron las empresas y sociedades del Estado, con 21.458 puestos eliminados (33%), y la administración centralizada, con 15.513 bajas (24%), según el análisis de Nadin Argañaraz, presidente del IARAF.









