La Justicia Federal de Jujuy anuló la intervención del Partido Justicialista local dispuesta por Cristina Fernández de Kirchner y dejó sin efecto las decisiones adoptadas por los interventores Aníbal Fernández y Gustavo Menéndez. En su lugar, designó a Ricardo Guillermo Villada, un dirigente vinculado al gobernador salteño Gustavo Sáenz, quien asumirá el control del partido durante un período de 180 días.
El fallo, firmado por el juez Esteban Eduardo Hansen, ordena avanzar en la normalización institucional del PJ jujeño bajo supervisión judicial. Villada deberá presentar informes cada 15 días detallando el progreso del proceso y establecer un cronograma electoral que permita renovar autoridades de manera regular.
La intervención de la condenada irrumpió con la democracia interna del partido a nivel local.
La resolución se originó a partir de una presentación impulsada por distintos sectores del peronismo local, entre ellos la senadora Carolina Moisés, quienes venían cuestionando la conducción del partido bajo la órbita del kirchnerismo.
En su análisis, el magistrado fue contundente al describir las irregularidades detectadas durante la intervención. Señaló que desde mediados de 2023 el PJ de Jujuy se encontraba intervenido, pero las elecciones internas prometidas fueron sistemáticamente postergadas, suspendidas o alteradas por decisiones disciplinarias que profundizaron la crisis interna.
Uno de los puntos más críticos del fallo fue la suspensión de más de 300 afiliados, incluidos precandidatos, sin que se les garantizara el derecho a defensa. Según el juez, estas sanciones se aplicaron sin procedimientos adecuados, sin descargos ni pruebas, afectando de manera directa la participación democrática dentro del partido.
Además, el tribunal cuestionó la decisión de los interventores de cancelar el proceso electoral en curso y convocar a nuevos comicios sin restituir previamente los derechos de los afiliados suspendidos. Para la Justicia, esta maniobra implicó una restricción sustancial de los derechos políticos intrapartidarios y alteró las condiciones de competencia.
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El fallo también detalla una sucesión de fechas fallidas para la realización de elecciones internas, que fueron postergadas en reiteradas oportunidades sin avances concretos en su organización. Esta situación, según el juzgado, evidenció la ausencia de voluntad real para restablecer la normalidad institucional del partido.
En ese contexto, el magistrado concluyó que la intervención judicial resulta el único mecanismo posible para superar la crisis interna y garantizar un proceso transparente. El objetivo, remarcó, es asegurar elecciones limpias, con reglas claras y pleno respeto a los derechos de los afiliados.
