Un fallo de la Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires pone en jaque el modelo de las plataformas de delivery y amenaza con afectar el trabajo de miles de repartidores. La decisión judicial, alineada con la postura del gobierno de Axel Kicillof, avaló sanciones contra empresas como Rappi y PedidosYa y consolida un avance regulatorio que podría frenar por completo el trabajo de las plataformas.
El caso se originó a partir de inspecciones del Ministerio de Trabajo bonaerense, que detectó presuntos "incumplimientos laborales" en estas compañías. Las firmas cuestionaron tanto las actas como las sanciones, pero la Corte rechazó sus planteos y terminó validando los procedimientos y las conclusiones de los inspectores.
El fallo reconoce la capacidad del Estado provincial para fiscalizar y, en los hechos, avanzar sobre la calificación de la relación laboral. Bajo este criterio, la actividad de los repartidores reúne condiciones típicas de un empleo formal, lo que abre la puerta a exigir su registración bajo esquemas laborales tradicionales.
Esto implica un cambio profundo. Las plataformas podrían verse obligadas a registrar a los repartidores, pagar cargas sociales, contratar seguros y cumplir con toda la normativa laboral vigente. En un modelo que funciona sobre la flexibilidad y los costos variables, el impacto sería inmediato.
