El fallo también toma como prueba clave un informe médico del 16 de junio de 2022 elaborado por la Dra. Susana Vanoni, quien certificó que “la condición clínica de la paciente y su evolución final deben interpretarse, sin duda, como evento adverso secundario a vacunación COVID 19”.
Otro elemento determinante fue la intervención de la Comisión Nacional de Seguridad en Vacunas (CoNaSeVa), que revisó el caso y, en línea con la evolución del consenso científico internacional, reclasificó el evento, reconociendo formalmente el nexo de causalidad entre la vacuna y el daño.
Durante el proceso, se atravesaron múltiples instancias, estudios y demoras hasta que la Justicia validó los informes de especialistas que coincidieron en que la trombosis fue inducida por la vacuna.
El abogado de la familia remarcó además un punto clave: la Sputnik V “no tenía farmacovigilancia”, es decir, carecía de un monitoreo continuo destinado a detectar, evaluar y prevenir reacciones adversas.
La causa fue impulsada desde el inicio por la madre de la joven, quien buscó también visibilizar lo ocurrido. Finalmente, la Justicia convalidó la existencia de efectos adversos graves y, en este caso, letales.
Con este fallo, el caso Sartori se convierte en un antecedente clave dentro del sistema judicial argentino y abre una nueva etapa en el análisis de responsabilidades vinculadas a la campaña de vacunación contra el Covid-19.
