La Justicia Federal suspendió el fallo del juez kirchnerista que anulaba el protocolo antipiquetes

En ese fallo, el juez sostuvo que el Ministerio de Seguridad avanzó sobre competencias que “no le corresponden” al dictar la resolución 943/2023, con la que se puso en marcha el esquema de intervención ante protestas, cortes de calles y manifestaciones violentas. Según su criterio, la administración pública no puede dictar normas que restrinjan derechos constitucionales fundamentales sin una habilitación legal expresa del Congreso.

Cormick, designado juez federal por el expresidente Alberto Fernández hace poco más de dos años, se desempeñó anteriormente como funcionario del PAMI y como Inspector General de Justicia durante la última etapa del gobierno de la corrupta y condenada expresidente Cristina Kirchner.

En su resolución, el magistrado argumentó que el protocolo afectaba, según él, derechos como la libertad de reunión, la libertad de expresión y el derecho de peticionar a las autoridades, y cuestionó especialmente el uso de la figura de la flagrancia para habilitar la intervención inmediata de las fuerzas de seguridad ante cortes de circulación.

Sin embargo, este martes el Gobierno informó que la situación judicial dio un giro a favor de los argentinos de bien. A través de su cuenta oficial en la red social X, la ministra Monteoliva comunicó la decisión judicial favorable al Ejecutivo y ratificó la continuidad del protocolo.

A menos de 24 horas de que un juez ultrakirchnerista declarara la nulidad del protocolo antipiquetes, el Gobierno de Javier Milei anunció este martes que la medida sigue vigente y no se suspende.

La ministra de Seguridad, Alejandra Monteoliva, informó este martes que la Justicia Federal concedió la apelación presentada por el Ejecutivo y suspendió los efectos de la sentencia firmada por el juez federal Martín Cormick, quien había dejado sin efecto la resolución que regula la actuación de las fuerzas de seguridad frente a manifestaciones violentas y cortes de calles.

La polémica medida de Cormick

El protocolo antipiquetes había sido anulado el ayer por Cormick, un juez kirchnerista y vinculado a La Cámpora, tras una acción de amparo impulsada por el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS).

En su mensaje, escribió: “EL PROTOCOLO SIGUE VIGENTE. La Justicia nos dio la razón: concedió el recurso que presentamos y suspendió los efectos de la sentencia que declaraba la nulidad del Protocolo. El Protocolo sigue vigente y puede aplicarse”.

En el mismo comunicado, la ministra subrayó la postura política del Gobierno frente al conflicto judicial. “Lo dijimos ayer y lo reafirmamos hoy: no vamos a dar un paso atrás. El orden recuperado se sostiene con decisión y reglas claras”, expresó Monteoliva, marcando una línea de continuidad con la política de seguridad aplicada desde el inicio de la gestión de Javier Milei.

El anuncio fue respaldado también por el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, quien se expresó a través de la misma red social. “El protocolo ‘anti-piquetes’ sigue vigente. Saludos a todos. Fin”.

El protocolo antipiquetes constituye una de las principales herramientas en materia de orden público impulsadas por la administración libertaria. Su objetivo es establecer criterios claros para la intervención de las fuerzas federales ante cortes de calles, rutas o accesos estratégicos, bajo la premisa de garantizar la libre circulación de los argentinos.