El gobierno de la provincia de Buenos Aires (gobernado por el comunista Axel Kicillof) aprobó un contrato millonario a favor de una empresa vinculada al Grupo Indalo, conglomerado empresario liderado por Cristóbal López y Fabián De Sousa, ambos con antecedentes judiciales por presunta corrupción en distintos expedientes de alto perfil.
La decisión, tomada mediante una licitación pública, reactivó cuestionamientos en torno a la relación entre la administración kirchnerista y firmas cercanas a exsocios políticos y comerciales del oficialismo.
Cristobal Lopez y Fabian De Sousa.
La adjudicación fue realizada por el Ministerio de Comunicación Pública bonaerense, encabezado por Jésica Rey. Según el pliego, la firma La Corte SA fue la única beneficiaria de la licitación, cuyo objeto consiste en la “prestación del servicio integral y distribución satelital de contenidos audiovisuales con unidades móviles de producción y set de conferencia punto a punto y la provisión de un estudio de producción, grabación y emisión en vivo de contenidos audiovisuales”. El contrato asciende a $1.491.752.880, cifra que será cubierta con fondos públicos.
El expediente fue avalado por la Subsecretaría de Producción y Contenidos y por la Subsecretaría de Planificación de Comunicación Gubernamental, que dieron el visto bueno a la incorporación de equipos de última generación, entre ellos drones, iluminación profesional y unidades móviles. La magnitud del gasto llamó la atención de la oposición, dado el historial de vínculos entre La Corte SA y el Grupo Indalo.
El conglomerado de López y De Sousa ha estado en el centro de múltiples investigaciones judiciales. En la causa Oil Combustibles, la Justicia analizó una deuda impositiva superior a $8.000 millones por el no pago del Impuesto a la Transferencia de Combustibles (ITC). Según la acusación, esos fondos habrían sido utilizados para expandir el grupo empresario con la complicidad de la AFIP. Aunque López y De Sousa resultaron absueltos, Ricardo Echegaray, extitular del organismo recaudador, fue condenado en 2021 por defraudación al Estado.
El hotel Los Sauces - Propiedad de la familia Kirchner en Calafate.
Otra causa relevante fue la de Los Sauces, donde se investigaron presuntas irregularidades en operaciones inmobiliarias de la familia Kirchner. En ese expediente se detectaron contratos de alquiler entre sociedades del Grupo Indalo y la firma de la expresidenta, aunque el juicio oral nunca avanzó.
En diciembre de 2017, el juez Julián Ercolini ordenó la detención de ambos empresarios, medida confirmada por Claudio Bonadio. Sin embargo, en 2019 recuperaron la libertadtras el fallo de la Cámara Federal que fijó una caución de $60 millones cada uno.
Con estos antecedentes, la decisión de la gestión de Axel Kicillof de adjudicar un contrato de casi $1.500 millones a una firma ligada al Grupo Indalo genera suspicacias políticas y reabre el debate sobre la transparencia en el manejo de los fondos públicos en la provincia de Buenos Aires.
